El documento que sustentará el Gobierno de coalición, hecho público este lunes por el PSOE y Podemos, deja claro que la vivienda tendrá un papel protagonista en la próxima legislatura. Ambas formaciones tienen previsto desarrollar medidas como impedir los desahucios de inquilinos, facilitar la salida al mercado de viviendas vacías (mediante estímulos o sanciones), castigar fiscalmente a las Socimis con un recargo del 15% a sus beneficios no retribuidos o poner un tope a los precios de los alquileres.
Respecto a este último punto, el «Acuerdo por un Gobierno progresista» recoge que los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, «una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual». En estas zonas tensionadas, los consistorios podrán imponer controles a los alquileres, basándose en un índice de precios de alquiler que el Gobierno todavía no ha desarrollado.
El control de los precios del alquiler era una de las principales reivindicaciones de Podemos. El PSOE, sin embargo, dejó fuera de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que llevó a cabo en primavera esta medida, en parte porque los fondos de inversión advirtieron a la ministra de Economía, Nadia Calviño, de que esta iniciativa tendría el efecto contrario al deseado.
Ahora, sin embargo, el Gobierno retoma el control de los alquileres. Eso sí, no será un proceso sencillo, ya que debe haber un índice de precios para llevar a cabo esta política y este ni siquiera se ha desarrollado todavía.
Más allá del control de los alquileres, el documento recoge la intención de establecer un marco legal que «defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico». El Ejecutivo, que ya recogió esta iniciativa en el acuerdo presupuestado alcanzado con Podemos, abre la puerta así a que estas administraciones sancionen a los grandes tenedores de inmueble si se niegan a sacar al mercado sus viviendas a «precios razonables».
De igual forma, el acuerdo recoge que el Gobierno destinará más recursos al Plan de Vivienda, permitirá que las comunidades de vecinos veten los pisos turísticos y movilizará suelo público para crear un amplio parque de vivienda en alquiler. Sin embargo, el texto no especifica cuántos pisos se sacarán al mercado. En el acuerdo presupuestario se fijó el objetivo de 20.000 viviendas.
Source: ABC