A la vista de la avalancha de demandas que acumulaba en los juzgados, Bankia accedió a principios de 2016 a indemnizar a los pequeños ahorradores afectados por la salida a Bolsa de la entidad en 2011 y devolvió 1.847 millones de euros a más de 225.100 inversores minoristas. En cambio, tanto el banco como las distintas sentencias judiciales siempre han negado cualquier compensación a las grandes empresas que también suscribieron acciones alegando que tenían más información sobre el estado real del banco, que acabó rescatado. Sin embargo, el Tribunal Supremo viene de preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué hacer con las demandas de los inversores institucionales que pusieron dinero en esa oferta pública de suscripción (ops).
Junto a los pequeños ahorradores, decenas de empresas invirtieron un total de 1.237 millones en la salida a Bolsa de Bankia. Entre ellas figuran grandes compañías como Mapfre, el Santander, Iberdrola, Caixabank, Gestamp, Banco Popular, Sabadell, Telefónica, ACS, Mutua Madrileña, Grupo Villar Mir, Acciona y Ferrovial, entre otras. Muchas de ellas lo hicieron presionadas por el Gobierno y el Banco de España, que veían en la ops de Bankia una cuestión de Estado.
Tras el derrumbe del banco, Bankia llegó a recibir más de 50 demandas de algunos de esos inversores institucionales. Pero hasta ahora, y a pesar de que el Supremo ha fallado en varias ocasiones que el folleto de la emisión contenía graves inexactitudes en cuanto a la verdadera situación financiera de Bankia, las distintas sentencias judiciales han negado la devolución del dinero a los inversores institucionales, alegando los magistrados que estas compañías tenían más medios y recursos para saber cuál era la situación real del banco y los riesgos que asumían al invertir en esa ops.
Ahora, el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a raíz de un pleito entre Bankia y la Unión Mutua Asistencial de Seguros, que invirtió 600.000 euros en la ops, ha planteado este miércoles a la Justicia europea dos cuestiones prejudiciales en las que pregunta si este tipo de inversores puede pedir que la entidad responda por los datos contenidos en el folleto informativo aunque este estuviese dirigido solo al tramo minorista. Y pregunta también que, en caso de que efectivamente puedan invocar la acción de responsabilidad del banco, se puede someter al inversor a una evaluación a fin de esclarecer su grado de conocimiento acerca de la situación económica de la entidad emisora más allá del folleto.
Lo que dictamine el Tribunal de Luxemburgo marcará la sentencia futura del Supremo, que en caso de un eventual fallo en favor de la Unión Mutual Asistencial de Seguros abriría la puerta a demandas y reclamaciones contra Bankia de otras empresas que perdieron el dinero de sus accionistas en la salida a Bolsa del banco.
Source: ABC