Mientras Draghi es despedido con honores por los gobiernos cuya financiación mantiene la respiración asistida de su política monetaria (tipos cero, incluso negativos, y más compras de deuda), un grupo de economistas alemanes lleva ante el Tribunal Constitucional la última operación de compra de bonos, que entrará en vigor en noviembre. Los demandantes quieren excluir al Bundesbank de la ejecución de las compras de deuda por parte del BCE y han presentado una petición urgente al Tribunal Constitucional Federal.
El grupo demandante se configura en torno al profesor de economía Johann Heinrich von Stein, que pretende lograr en los tribunales un aplazamiento provisional de las compras. Lo que solicita es que los jueces del Constitucional alemán prohíban al Bundesbank mediante una orden judicial temporal participar en las compras, explica su abogado, el economista Markus Kerber. «Todo lo demás sería otra licencia para jugar», critica, consciente de que, sin la participación del Bundesbank, el programa de compra de deuda nos sería creíble en los mercados y quedaría torpedeado.
El Consejo del BCE decidió en septiembre recomprar bonos estatales y otros valores por 20.000 millones de euros al mes a partir de noviembre. La semana pasada, el Consejo confirmó este curso. Hasta finales de 2018, el BCE ya había comprado títulos por 2,6 billones de euros. Después de eso, se detuvieron las compras y solo se reemplazaron los bonos vencidos. Con esta política, sumada a la inundación de los mercados con dinero barato, el BCE quiere impulsar la economía y ayudar a la inflación en la zona euro a un nivel de alrededor o ligeramente por debajo del 2%, como dicta su mandato, pero los resultados del pasado programa no han logrados esos objetivos. Las familias y las empresas están optando por ahorrar una porción mayor de su renta por miedo a la llegada de un parón de la economía que pueda afectar a sus futuros ingresos. Estas decisiones hacen que los tipos negativos y los estímulos aplicados por el BCE pierdan fuerza o incluso lleguen a tener efectos contraproducentes, que pueden desembocar en un mayor ahorro que deprimirá aún más la demanda agregada.
Los demandantes argumentan, además, que la decisión del BCE de reiniciar las transacciones no ha sido unánime y citan la resistencia de los presidentes de los bancos centrales de Alemania, Francia, los Países Bajos y Austria, ha explicado Kerber. Estos países representan más del 60 por ciento de la producción económica de la eurozona. «En este contexto, el Tribunal Constitucional Federal debería responder cuanto antes», ha solicitado.
El mismo abogado defendió una querella que llegó el pasado verano al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). El Tribunal Constitucional alemán había emitido una resolución judicial en la que cuestionaba la legalidad del anterior programa de compra de deuda del BCE y optó por apelar a la justicia europea para que se pronunciase, antes de emitir una sentencia definitiva. Tras un juicio de un día y medio, el TJCE certificó la legalidad del programa de Draghi y el Constitucional alemán trasladó la decisión a su sentencia, pero quedó en evidencia la duda por parte de los jueces de Karlsruhe. En esta ocasión, la demanda cuenta como nuevo argumento con un proceso de decisión que no ha recibido el respaldo del Bundesbank y el resto de bancos centrales escépticos.
Junto con los rescates europeos, esta política del BCE es ampliamente rechazada en Alemania y está propiciando el auge de un partido antieuropeo, Alternativa para Alemania (AfD), cuyo objetivo es sacar a Alemania del euro y que es ya la principal fuerza de oposición en el Bundestag. En las elecciones regionales de Turingia, el pasado domingo, AfD obtuvo prácticamente uno de cada cuatro votos.
El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, se opuso a este segundo programa de compra de bonos y posteriormente ha hecho declaraciones oponiéndose a que el BCE dé a preferencia en sus compras a los bonos verdes. «Nuestro mandato es la estabilidad de precios, y debemos seguir el principio de neutralidad del mercado al implementar nuestra política monetaria», ha dicho, «una política monetaria que persigue explícitamente los objetivos de la política ambiental amenaza con sobrecargarse».
A largo plazo, en su opinión, la independencia del BCE podría ponerse en duda. «Creo que es necesaria una política climática determinada y efectiva, pero solo con los instrumentos correctos y por los actores democráticamente legitimados», ha afirmado en la conferencia de mercado financiero del Banco Federal alemán. Los bancos centrales acompañan la transición a una economía baja en carbono, pero es tarea de la política determinar el cambio necesario.
Source: ABC