Las restricciones de tráfico en Madrid y Barcelona cuando la contaminación se dispara pueden ser el anticipo de posibles peajes de acceso a los centros urbanos que ya aplican otras capitales europeas. La subida del impuesto a los hidrocarburos, que equipararía el precio del diésel a la gasolina, junto a la posibilidad de nuevos impuestos para afrontar el mantenimiento de la red viaria, son medidas que se barajan a raíz del final de las concesiones de las autopistas de peaje.
Desde la campaña electoral se habla de nuevos impuestos para afrontar uno de los principales temas que en materia de infraestructuras abordará el Gobierno que se forme: el pago de las autopistas que se irán liberalizando (en diciembre de 2019 vence la concesión de Aumar: AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz), con el consiguiente mantenimiento de estas vías que el Estado tendrá que asumir. Se trata de autopistas con altos niveles de tráfico de mercancías y turismo, cuando ya existe déficit de mantenimiento de las autovías.
El mantenimiento de las carreteras cuesta a los contribuyentes españoles 11.000 millones de euros anuales. El secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, reconoce que España arrastra un déficit de unos 2.000 millones de euros en la conservación de nuestras carreteras desde 2012. El propio López Milla reconoció en un encuentro del sector en ABC que «sólo hay dos opciones: conservar las carreteras con fondos públicos o con el pago por parte de los usuarios».
El próximo Gobierno debe abordar nuevos tributos o buscar un modelo alternativo de financiación de las infraestructuras viarias. El ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, también reconoce la necesidad de resolver la financiación de las infraestructuras de forma «justa y equitativa». Porque, para Ábalos, «lo que no es sostenible es bajar impuestos y aumentar la inversión».
El debate sobre el mantenimiento de las vías de alta capacidad se produce también en un escenario en el que el Tribunal Supremo ha abierto una vía para el acuerdo entre la concesionaria Abertis y el Gobierno, ya que la compañía reclama 3.000 millones de euros entre compensaciones por incumplimiento de tráficos en Acesa, su principal concesionaria, e inversiones en ampliaciones.
Fuentes del sector señalan que habrá que ser «imaginativo» para buscar alternativas al improbable alargamiento de las concesiones. Algunas fórmulas que podrían barajar las empresas del sector con el próximo Gobierno podría ser un contrato solo de mantenimiento, como ya se ha hecho en la A-1, o mantener la gestión con «peaje a la sombra». Otra alternativa pasa por nuevas tasas por circular en todas las vías de alta capacidad, incluidas las autovías que ahora son gratuitas. Algunos cálculos sitúan el pago por uso por kilómetro circulado entre los 3 y 15 céntimos, en función de las emisiones.
Source: ABC