El Gobierno de Pedro Sánchez y los cuatro candidatos para entrar en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) propuestos por el actual Ejecutivo podrían enfrentarse a un auténtico calvario judicial. Y el CSN, a un conflicto interno sin precedentes si el Gobierno decide llevar a cabo la renovación de cuatro de los cinco miembros del pleno al margen del dictamen jurídico solicitado por la Mesa del Congreso esta misma semana, aseguran a ABC expertos jurídicos consultados.
Ese dictamen ha sido encargado ante las dudas del PP y de Cs sobre el procedimiento a seguir sobre estos relevos, en un contexto de inminente disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones.
La propuesta del Gobierno, anunciada de forma inesperada en el Consejo de Ministros del pasado día 15 y, según el PP, fuera de plazo con la legislación vigente por la convocatoria de nuevas elecciones y el cierre del Congreso el próximo 5 de marzo, incluye a la diputada socialista Pilar Lucio, a la catedrática Elvira Romera (ambas a instancias del propio PSOE), al miembro de Ecologistas en Acción y declarado antinuclear
Francisco Castejón (propuesto por Podemos) y al ingeniero industrial José María Serena (candidato del PDECat). Estas cuatro personas sustituirían al actual presidente del CSN, Fernando Martí, cuyo mandato expiró el pasado 28 de diciembre; a la vicepresidenta Rosario Velasco, Fernando Castelló (ambos terminaron ayer) y Jorge Fabra (se jubiló el pasado 2 de febrero). Solo continúa en el pleno Javier Dies (hasta 2021).
Desplazamiento de fuerzas
La propuesta del Gobierno conlleva lógicamente un vuelco político en el seno del CSN, ya que actualmente son tres los vocales propuestos por el PP y dos por el PSOE y, si sale adelante la argucia del Gobierno, serían dos del PSOE, uno de Podemos, otro de PDECat y uno del PP. Hay que recordar que el nuevo pleno del CSN debe decidir en los próximos años sobre el futuro de los siete reactores nucleares que hay en España, cuyo cierre progresivo ha previsto el Gobierno entre 2025 y 2035.
La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez puede calificarse de «dudosa legalidad» y «viciada en origen», según los expertos consultados, que actualmente están siendo sometidos al análisis de los letrados de la Cortes.
El citado dictamen deberá aclarar si hay un riesgo jurídico elevado en esos nombramientos, como cree parte de la oposición, y valorarlo, dicen las mismas fuentes. Y eso, añaden, «al margen de lo que supone de desprecio democrático y de falta de ética que el Gobierno haya propuesto justo el mismo día que convoca elecciones el relevo en un organismo vital en la seguridad nuclear y la protección radiológica en España para así garantizarse una mayoría que puede que no vaya a conseguir en las urnas».
Estas fuentes añaden que «de entrada, puede haber un conflicto de intereses» que salpica al candidato Francisco Castejón, dada su militancia ecologista y su ideología antinuclear. Aunque es doctor en Física y trabaja en el Ciemat, Castejón «ha liderado desde esta organización numerosas actuaciones de todo tipo contra el CSN oponiéndose prácticamente a la totalidad de las actuaciones del mismo, como los estudios de la reapertura de la central nuclear de Garoña, de la mina de uranio que quiere explotar en Salamanca la empresa Berkeley y sobre la situación en Palomares (Almería), donde su organización se ha querellado contra el CSN, entre otras muchas actividades de signo antinuclear». Un diputado del PP ha explicado a ABC que «es como poner al zorro a cuidar del gallinero».
Conflicto de intereses
También existiría un presunto conflicto de intereses con la diputada socialista Pilar Lucio, dado que es la actual portavoz de Energía del grupo parlamentario socialista en el Congreso, que tendría que decidir si votarse a sí misma o abstenerse en la comisión de Transición Energética del Congreso, y que ha sido y es una activa militante contra las centrales nucleares en España.
Los juristas consultados afirman que ambos nombramientos podrían ser «de dudosa legalidad y nulos», lo que crearía un grave conflicto interno dentro del CSN, aunque la sentencia se produjese dos o tres años después de haberse renovado el pleno. Si el dictamen es negativo, el PP señala que iría a los tribunales. El siguiente foco sería el Tribunal Supremo, donde hay antecedentes de nombramientos en el CSN.
El grupo parlamentario de UPyD recurrió hace seis años ante el Supremo el nombramiento de los miembros del pleno del CSN, Fernando Martí y Cristina Narbona, defendiendo la necesidad de que los consejeros debían ser elegidos por su capacidad profesional y no por sus vínculos políticos. Y aunque el TS lo rechazó, fue por un defecto de forma al alegar que los grupos parlamentarios no podían presentar esa querella, lo que hubiera correspondido a los grupos políticos.
Source: ABC