Las intenciones del Gobierno de modificar en las próximas semanas algunos aspectos de la reforma laboral mediante un Decreto Ley está trayendo de cabeza a los empresarios. Tal como ha explicado hoy ABC, el presidente de ATA, representante de la mayoría de los autónomos de España, se muestra totalmente en contra de estas intenciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. A él se le han sumado hoy las patronales de las empresas CEOE y CEPYME, las cuales están preocupadas ante el anuncio de Valerio.
En concreto, la Juntas Diretivas de ambas patronales han explicado tras la reunión que han mantenido hoy, que «no tiene sentido que el Gobierno tenga la intención de aprobar un Real Decreto Ley laboral con clara vocación electoralista antes de los comicios». Las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva rechazan que estos cambios tan importantes se realicen mediante un Decreto Ley, ya que esta opción «excluye la posibilidad de diálogo y de concenso deseable en cualquier proceso democrático».
Para los empresarios, el uso del Decreto Ley debe utilizarse cuando haya «una extraordinaria y urgente necesidad», tal y como se recoge en la Constitución. Añaden también que «el recurso a este instrumento cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes supone la relegación del poder legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad demoocrática del país».
Además, ambas organizaciones están preocupadas de que se acabe rompiendo el diálogo social de forma unilateral. Avisan que «no tiene sentido volver a orillar el diálogo tripartito poco después de anunciar la convocatoria de elecciones».
Así, las reformas que quiere llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, mantiene en alerta a los empresarios. Entre las medidas que quiere implementar están el fin de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, lo que devolvería el protagonismo perdido a los sindicatos y el fin al recortes de salarios que implicó en 2012 dar todo el poder a las empresas en los convenios. Además, también se quiere recuperar el subsidio a los 52 años, fijar cláusulas de jubilación obligatoria en los convenios ligada a procesos de empleo y relevo generacional, limitar los «descuelgues» para casos muy concretos, de «verdadera necesidad» y eliminar el actual límite de un año para la ultraactividad.
Source: ABC