Los sindicatos convocaron ayer actos de protesta en varias ciudades como antesala de los que se celebrarán hoy en toda España; en Madrid ante el tribunal Supremo. El Barcelona, una docena de entidades, entre ellas Òmnium Cultural, UGT y CC.OO., la plataforma de afectados por la hipoteca o Facua censuraron la sentencia del Alto Tribunal sobre el impuesto sobre las hipotecas. Acompañadas por algo más de un centenar de personas, se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para denunciar que el fallo es «otro acto contra la lógica y contra los intereses de la mayoría de la población».
Durante la concentración, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, pidió que la justicia no cambie su criterio cuando «la banca llama» tras la decisión del Supremo. «No podemos entender una justicia que es injusta socialmente», criticó Ros y avanzó que su sindicato continuará manifestándose «de manera democrática» para exigir que las leyes sean justas. En este sentido se pronunció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. «Algunos hacemos manifestaciones con millones de personas y nos acusan de presionar, otros con una llamada telefónica tienen suficiente para cambiar una sentencia de un tribunal», dijo.
«No puede ser que un tribunal valore más importante si las acciones de una entidad financiera suben o bajan que si una persona puede llegar a final de mes o es expulsada en un desahucio de su casa porque no puede pagar el alquiler», afirmó. Álvarez aseguró que el decreto aprobado por el Gobierno sobre el impuesto de las hipotecas «no es suficiente», sostuvo que se podría haber tramitado antes y abogó por la retroactividad del tributo.
En esta linea el secretario general de CC.OO. en Cataluña, Javier Pacheco, criticó «el deterioro de la Justicia» y aseguró que «estas decisiones debilitan las garantías de los instrumentos democráticos». Demandó al Ejecutivo que «tome medidas» para asegurar que la justicia sea justa, rápida e independiente, así como para que otros órganos como la Comisión Nacional de la Competencia actúe en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Bajo el título «no a la sentencia del Tribunal Supremo, justicia social», el manifiesto firmado por doce entidades afirma que «el cambio de criterio y la forma como se ha producido provocan una innegable alarma social y ponen en duda la falta de independencia judicial». Por ello, los convocantes exigen «coherencia democrática» y que «los poderes del Estado tengan en cuenta los derechos de la ciudadanía y no los intereses exclusivamente de la oligarquía financiera y los poderes fácticos de siempre».
Source: ABC