La antigua cúpula de Bankia y sus cajas fundadoras se sentarán en el banquillo de los acusados por la salida a Bolsa de la entidad en el verano de 2011. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado este viernes la apertura de juicio oral contra el expresidente del cuarto grupo financiero del país Rodrigo Rato, su exvicepresidente José Luis Olivas, una treintena de ex consejeros y directivos de la entidad y la firma auditora Deloitte. Todos ellos serán juzgados por delitos de falsedad contable y fraude o estafa a los inversores durante la oferta pública de suscripción (ops) con la que Bankia saltó al parqué captando 3.000 millones de euros de pequeños ahorradores e institucionales.
Los procesados, que ahora disponen de 20 días para presentar sus escritos de defensa, se enfrentan a penas de prisión. En concreto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en representación del FROB, solicitan cinco años de cárcel para Rato, cuatro para Olivas, tres para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y dos años y siete meses para el ex consejero delegado, Francisco Verdú. Además, el Ministerio público reclama que los acusados indemnicen a los inversores minoristas personados en el procedimiento y que perdieron su dinero en la salida a Bolsa, a excepción de aquellos que ya han sido indemnizados por Bankia vía arbitraje.
Entre los 35 exconsejeros acusados están también el empresario Arturo Fernández, el exministro del Interior Ángel Acebes, el exvicepresidente de la entidad y hombre fuerte de Izquierda Unida de Madrid José Antonio Moral Santín, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y el ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez-Barcoj. Algunos de ellos, incluido Rato, han sido condenados además por el escándalo de las tarjetas «black» de Caja Madrid.
El juez instructor del caso justifica que tras cinco años de instrucción hay indicios racionales que demuestran que los gestores de la entidad aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de Bankia que no reflejaban su imagen fiel ni su verdadera situación económica, tal y como habían concluido los peritos judiciales y con el consiguiente perjuicio para los inversores que acudieron a la ops como para el Estado, que acabó rescatando a la entidad con 22.424 millones de euros.
La conclusión principal del magistrado es que en 2010 y 2011 los responsables del banco falsearon las cuentas del grupo e incluyeron datos falsos en el folleto informativo de la salida a Bolsa, que se produjo en julio de 2011, para asegurar el éxito del debut bursátil. A esa operación pública de suscripción (ops), con la que Bankia captó 3.092 millones de euros, acudieron 255.000 particulares que perdieron su inversión hasta que la entidad, el pasado año, les devolvió el dinero invertido.
El auditor, también al banquillo
El auto de Andreu también incluye como acusados a la compañía que auditó las cuenta de Bankia en esos años, Deloitte, como persona jurídica, y a su socio Francisco Celma. El juez entiende que debe considerarse como posible responsable penal al auditor, que ya fue multado por el supervisor contable (ICAC), porque aunque los responsables últimos son los gestores, «no puede olvidarse que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados».
En este sentido, el magistrado recuerda que Deolitte analizó, verificó y dictaminó la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia que se presentaron en el folleto de emisión para su salida a Bolsa, siendo indudable que sin dicha revisión y verificación las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido que la citada entidad bancaria operara en el parquet. De hecho, Andreu ya decidió el pasado mayo no procesar a los supervisores, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Source: ABC