El Gobierno garantiza que, ocurra lo que ocurra en el tira y afloja con la Generalitat, se pagará a los servicios y empleados públicos catalanes. El Ministerio de Hacienda ya ha intervenido los pagos de la Generalitat desde el pasado sábado, ya que entró en vigor la orden al publicarse en el BOE. Sin embargo, para destinar los recursos del sistema de financiación de la propia Generalitat –procedentes de los ingresos de impuestos compartidos como IRPF, IVA o Especiales– al pago de servicios y funcionarios, requieren que el Gobierno de Carles Puigdemont les informe de cuánto tienen que abonar a cada ámbito. Si la Generalitat no colabora, el ministerio utilizaría la información de la que disponen las entidades financieras para efectuar dichos pagos.
Los bancos repetirían las transferencias realizadas en otros meses, si bien ello podría tener complicaciones para nuevas incorporaciones laborales o cambios que se hayan producido en las plantillas. Por ello, en el Ministerio esperan que el Govern colabore. «¿Qué va a pasar, que nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, los funcionarios?», teorizó el pasado viernes Montoro.
Tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern
Desde el Ministerio ya se han producido reuniones de carácter técnico con entidades financieras, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para informarles y analizar cómo ejecutar las nuevas responsabilidades de los bancos vigilando los pagos de la Generalitat, señalan fuentes conocedoras de los encuentros. Entre los temas que se han abordado en estos contactos figura la vigilancia de los pagos con tarjeta de crédito de los altos cargos del Govern, como ha adelantado «El Periódico de Catalunya». En caso de que no cumplan los requisitos exigidos, las entidades financieras cortarán los pagos efectuados por tarjeta que presenten irregularidades, en una mecánica similar al control del blanqueo de capitales.
Los bancos afrontarán así una vigilancia de extremada complejidad, ya que deberán controlar minuto a minuto todas las operaciones financieras del Govern. Las entidades vigilarán cualquier gasto de la Generalitat, sea con tarjeta de crédito o retirada de fondos, y exigirán los correspondientes certificados de la Intervención General que acrediten a qué se destina el dinero para evitar que se dediquen fondos públicos a la consulta. Si no obedecen las instrucciones de Hacienda, como detalla el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos publicado este sábado en el BOE, tendrán que enfrentar responsabilidades penales.
Por un lado, Hacienda controla directamente los recursos del sistema de financiación de la Generalitat, de unos 1.400 millones mensuales. En torno a 250 millones mensuales procedentes de impuestos propios o cedidos (como Sucesiones o Patrimonio) estarán sujetos a la vigilancia de las entidades financieras. Hacienda aprobó estos controles el pasado viernes para evitar que ningún euro de fondos públicos sufrague la consulta independentista, después de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se negara la semana pasada a enviar al Ministerio el informe semananal de gastos que venía cumplimentando desde julio
Más de 200.000 nóminas
La próxima nómina de septiembre se cobra la semana que viene, días antes del 1-O. La Generalitat destina mensualmente unos 600 millones de euros en gastos de personal: el Gobierno de Carles Puigdemont tiene 167.095 funcionarios contratados directamente. Si a ellos se les suman empleados de universidades y empresas públicas, el total asciende a 227.575 trabajadores. Desde el Govern apuntan que están a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado contra la intervención de Hacienda, en el que piden la suspensión del acuerdo adoptado por el Gobierno, antes de decidir si colaborar con Hacienda o no.
Siguiente paso: Artículo 155
Los plazos se agotan. La Generalitat tiene hasta mañana martes para aprobar el acuerdo de no disponibilidad de créditos pedido por el departamento dirigido por Cristóbal Montoro sobre las partidas que no forman parte de los servicios públicos esenciales –esto es, que no son nóminas, pago a proveedores, o servicios sociales, Educación o Sanidad–. De lo contrario, sería el propio Montoro el que aprobaría este acuerdo de no disponibilidad en nombre de la Generalitat, en lo que supondría ir un paso más allá de las medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad.
En ese caso, el Gobierno invocaría el artículo 155 de la Constitución para pedir al presidente Carles Puigdemont que adopte esta congelación de gastos ya que si no lo hace, el Ejecutivo adoptaría el acuerdo, para lo que requeriría el visto bueno del Senado, según señala la Ley de Estabilidad.
Source: ABC