Los 82 controladores aéreos de Baleares que en breve irán a juicio, por los paros de diciembre de 2010, no deberán abonar los tres millones de euros de fianza fijados globalmente por el juez instructor de la causa como responsabilidad civil. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado esta semana un auto en el que acuerda estimar el recurso presentado por dichos controladores contra la imposición de la citada fianza. La Sala estima además parcialmente el recurso presentado en el mismo sentido por Mapfre Global Risks.
Cabe recordar que en mayo de este año el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma dictó el auto de apertura de juicio oral contra los 82 trabajadores aeroportuarios isleños que finalmente deberán sentarse en el banquillo. El magistrado estableció también entonces una fianza de tres millones, que es la que ahora ha sido considerada no procedente por parte de la Audiencia Provincial.
El origen de todo este proceso judicial cabe situarlo en diciembre de 2010, coincidiendo con el «puente» de la Constitución, cuando los controladores que ahora será juzgados no trabajaron, o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia. Todos ellos presentaron escritos en aquellas fechas en los que alegaron que no estaban en condiciones de poder desarrollar su función. Por su parte, el juez instructor de la causa llegó a la conclusión de que lo que se pretendía en realidad era paralizar el tráfico aéreo, sin tener en cuenta las repercusiones que esa circunstancia podría tener sobre las personas que tenían previsto viajar en aquellos días.
La actuación de los controladores implicados en los paros provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos, al no estar dichos trabajadores en sus puestos de trabajo. Todo ello motivó que el 3 de diciembre de 2010 se produjera el cierre del tráfico aéreo. El Gobierno central decretó el estado de alarma un día después, el día 4 de diciembre, y el tráfico se reanudó finalmente unas horas más tarde.
Por lo que respecta al auto dictado esta semana por la Audiencia Provincial, en el que, como se ha señalado, se estima el recurso presentado por 82 controladores contra la imposición de una fianza global de tres millones, la Sala señala que los acusados pertenecen a un colectivo que percibe «elevados ingresos». Por ese motivo, «se les presume suficiente capacidad económica para asumir el pago de las responsabilidades civiles, costas y multas que vinieran obligados a hacer frente ante una eventual condena e inclusive en la cuantificación realizada por el juez en el auto apelado, atendido además que la responsabilidad ha sido establecida con alcance grupal».
Para la Audiencia Provincial, plantear una discusión «sobre la exigencia de fianza y su cuantificación constituye un debate superfluo e infructífero, y en un procedimiento complejo como éste no hace sino complicar enormemente el trabajo judicial». Por todo ello, la Sala considera que «la exigencia de fianza ha de quedar sin efecto».
Source: ABC