La caza forma parte del acervo cultural de la sociedad española. Es el tercer deporte más practicado en el país después del fútbol y el baloncesto. Cerca de 800.000 personas practican la actividad cinegética, y los registros indican que 334.000 cuentan con licencia federativa.«Aquí tenemos una larga tradición de mantenimiento de fincas de caza, y la población de animales es abundante; es lógico que resulte atractivo para cazadores de otras partes del mundo», dice José Luis López-Schümme, presidente de la Fundación Artemisan, para explicar el posicionamiento nacional como país referente en cacería.
Artemisan, una organización sin ánimo de lucro que nace con el propósito de promover la investigación y la comunicación de la caza, ha presentado un informe detallado sobre el impacto económico y social de la caza en España. Según el secretario general de agricultura y alimentación, Carlos Cabanas Godino, es la primera vez que se desarrolla un estudio que muestra los datos de la actividad cinegética a nivel nacional. Además de la información económica específica, el estudio realizado por Deloitte refleja la labor silenciosa de conservación ambiental y el compromiso ecológico por parte del sector. «La contribución social se materializa en actividades de educación, seguridad vial, reducción de siniestros agrícolas y arraigo social», indica el documento.
Según señala el informe, «el gasto traccionado (efecto económico directo, indirecto e inducido) de la actividad cinegética en España es de 6.475 millones de euros al año, y el total de gasto en 2016 fue de 5.470; es decir que por cada euro gastado se generan 1,18 euros de PIB». Asimismo, la actividad cinegética crea 187.000 puestos de trabajo y representa el 0,3% del PIB: equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero. Cerca de 45.500 puestos de trabajo fueron empleos directos generados por titulares de cotos y organizaciones profesionales de caza.
El 87% del territorio español está declarado como de aprovechamiento cinegético
–
ABC
El documento de Artemisan puntualiza que la actividad le genera a las cuentas del Estado un retorno de 614 millones de euros: un 33% son tasas e impuestos abonados por cazadores, rehaleros (dueño de los perros para la caza mayor) y gestores de terrenos. «Creeremos que hay que defender la actividad cinegética porque ha demostrado ser un valor económico añadido muy importante en el entorno rural», indica Esperanza Orellana Moraleda, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, en la presentación del documento.
López-Schümmer ha resaltado que el informe no solo refleja la contribución económica de la caza, sino que valora su importancia desde el punto de vista social y ambiental. El titular de Artemisan ha destacado que «los gestores cinegéticos invierten cerca de 300 millones de euros en la conservación y mantenimiento de infraestructuras forestales, por lo que es necesario un reconocimiento de la importancia del sector en la economía del país».
El 87% del territorio español está declarado como de aprovechamiento cinegético, lo que suponen 43,8 millones de hectáreas, distribuidas en 32.817 cotos. El 19% del terreno cinegético nacional se concentra en Castilla y León, que es la comunidad autónoma con mayor extensión, seguida por Castilla-La Mancha y Andalucía, con un 16% cada una. El 82,6% de los terrenos cinegéticos están organizados en cotos privados, el 7% en cotos deportivos y el 10% por el resto de tipologías de terreno.
El informe también ensaya un perfil medio del cazador español: «hombre asalariado, de más de 46 años, con estudios universitarios y que gasta una media anual de 9.694 euros en la actividad». Practica tanto caza mayor y menor, mayoritariamente en cotos privados de caza, y sus principales destinos para la práctica de la caza son las comunidades de Castilla-La Mancha (86%), Castilla y León (35%), Andalucía (34%) y Extremadura (33%).
Respecto al gasto medio anual, otros actores del sector, como los rehaleros alcanzan los 10.140 euros, los titulares de coto los 41.885 euros y los organizadores profesionales de caza, una media de 81.883 euros de gasto medio anual.
El gasto medio anual de los rehaleros alcanza los 10.140 euros
–
ABC
En palabras del Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alfonso Codes Calatrava, España pone en valor la riqueza ambiental que posee y la forma en la que se practica la caza. «Las cifras hablan por si solas, en inversiones, en empleo, impacto social, impacto ambiental; la caza no es una actividad que vaya en contra del medio ambiente, sino lo contrario, es una práctica que ayuda a preservar, conservar y proteger la flora y la fauna», asegura el funcionario. Algunas de las aristas destacables de la contribución social de la actividad cinegética se materializan con un impacto positivo en seguridad vial, en sanidad animal y en reducción de siniestros agrícolas. La caza evita la sobrepoblación de especies como los jabalíes y los corzos, contribuyendo a minimizar la expansión de enfermedades con un coste económico elevado para las explotaciones ganaderas, y controlando los accidentes en carreteras ocasionados por una fauna silvestre.
López-Schümmer señala que el estudio también persigue generar concienciación sobre el espíritu conservacionista del sector. Según el presidente de Artemisan, en las fincas de caza se mantiene un equilibrio optimo, se trabaja fuertemente sobre el arbolado, y se procura comida y agua para los animales en los momentos difíciles del verano. «Al que le interesa la caza sostenible trabaja para que haya más animales y mejor vegetación. Los números indican que en las regiones donde existe interés económico, los animales aumentan», dice López-Schümme.
La investigación de Deloitte grafica que la actividad cinegética destina 233 millones de euros en repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental y 54 millones de euros al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejora del monte, cortafuegos y cortaderos, entre otros. Estos casi 300 millones de euros que los diferentes sectores invierten en la conservación del medio natural tienen una influencia muy positiva en la conservación de los hábitats.
EFE
El punto de vista ecologista
El informe de Deloitte pone en valor el papel de la caza como garante de la biodiversidad, pero el punto de vista de las asociaciones ecologistas es distinto.
Miguel Ángel Hernández
, responsable de Conservación de Especies de Ecologistas en Acción, afirma que la intensificación de la gestión cinegética propicia en buena medida –mediante sueltas, la alimentación suplementaria o la instalación de vallados cinegéticos– una sobrepoblación excesiva de especies con sus consecuentes efectos secundarios. «La caza intensiva y comercial, tanto en las modalidades de mayor como en las de menor, supone graves desequilibrios en los ecosistemas, desplazando y dañando a las poblaciones autóctonas», explican desde la organización. Ecologistas en Acción indica que en las fincas de caza mayor, rodeadas por vallados perimetrales, el ramoneo simplifica la biodiversidad vegetal y la del resto de los niveles del ecosistema. Para los activistas «no debe tener cabida una actividad basada en matar animales por diversión, que pone en riesgo las poblaciones de diversas especies, que degrada los ecosistemas ».
Source: ABC