En su búsqueda de propuestas que permitan «mejorar la convivencia» entre taxistas y plataformas como Uber y Cabify, el Gobierno se ha topado con una medida anunciada hace casi un año por el Partido Popular. El Ministerio de Fomento anunció ayer que pondrá en marcha, antes de que termine el año, un registro con el que monitorizará los servicios de transporte de vehículos con conductor (VTC).
Se trata de una medida que ya fue planteada por el anterior Ejecutivo en septiembre de 2017. En concreto, el ministro de Fomento de entonces, Íñigo de la Serna, suscribió que el registro serviría para «garantizar la exigencia del requisito de contratación previa que rige para este tipo de vehículos» y evitar de esta forma que las plataformas de VTC «capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados».
Ayer, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presentó un informe jurídico en el Consejo de Ministros que defendía esta iniciativa, calificada por el departamento como «un mecanismo de control esencial para el cumplimiento de la normativa». Además, defendió que el registro ya está siendo desarrollado por el Ministerio y se espera que entre en vigor antes de que finalice el año.
Se trata de un nuevo guiño para el sector del taxi. El gremio ha denunciado en varias ocasiones que los vehículos de VTC realizan captaciones ilegales en la vía pública, por ejemplo estacionando en lugares como aeropuertos, puertos o estaciones ferroviarias. Con el registro, esta posibilidad se anula, ya que será obligatorio incluir, previamente, los servicios que realicen estas plataformas en una base de datos virtual.
El Gobierno insiste en la idea de modificar la ley en septiembre para restringir el crecimiento de las VTC
Lo cierto es que las inspecciones a vehículos VTC por este asunto se dispararon en 2017 en la Comunidad de Madrid, donde alcanzaron los 2.841 expedientes. Un 1551% más que en 2016. Las plataformas del sector, sin embargo, aseguran que este incremento se debe a que la región se está «extralimitando» a la hora de sancionar a estos vehículos. De hecho, Unauto, la patronal del sector, denunció hace escasos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de la región la interpretación que está realizando la Dirección General de Transportes madrileña de los reglamentos.
Fuentes cercanas al sector de las VTC aseguran que es imposible que un vehículo que opera a través de una plataforma realice captaciones. De hecho, se muestran favorables al registro como método para combatir la «piratería». Es decir, particulares que realizan transporte de pasajeros sin ningún tipo de licencia.
Ahora bien, estas mismas fuentes apuntan a que la medida es incompatible con una regulación autonómica. «El taxi no se da cuenta de que esta norma va en contra de sus intereses», señalan. Hay que tener en cuenta que la normativa actual permite a las VTC realizar un máximo del 20% de sus servicios fuera del territorio de la comunidad autónoma que haya otorgado la licencia. Sin embargo, si el control se transfiere a las regiones, la vigilancia sería más compleja.
Cambios legislativos
El informe jurídico entregado ayer por Fomento, sin embargo, insistía en la idea de delegar en las autonomías las competencias del sector.
En concreto, el texto incide en la idea de acometer una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en septiembre para que las propias regiones puedan regular en el ámbito de la VTC, permitiendo imponer a las mismas los condicionantes que consideren adecuados. Respecto a las licencias de vehículos con conductor, el Ministerio de Fomento señala que «hoy en día se han convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana o periurbana que prestan servicio, en muchos casos, en competencia con el taxi».
Pese a ello, Fomento considera que la regulación está actualmente muy desequilibrada, ya que las VTC «han venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la precontratación de servicios». En cambio, el taxi ha estado a su juicio «sujeto a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas» que han implantado tarifas obligatorias, horarios y calendarios determinados o estacionamientos en zonas reservadas, por citar algunos ejemplos.
Las plataformas consideran que el registro puede servir para combatir el intrusismo dentro del sector
Además, según un comunicado enviado ayer por el Gobierno, en el informe se expone que «las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas» y que las comunidades autónomas «ya son competentes» en el ámbito del transporte por carretera.
Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que confía en que la atribución de potestad regulatoria sobre licencias de vehículos con conductor a las comunidades autónomas sirva para acercarse a «una solución que permita la coexistencia y el equilibrio» entre el sector del taxi y el de VTC. Pese a la petición de las asociaciones convocantes de la huelga que ha paralizado España en los últimos días, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no compareció ante los medios de comunicación para respaldar al taxi.
Source: ABC