La agencia de calificación de riesgo Moody’s ha advertido que el reciente debilitamiento del peso en Argentina respecto al dólar refleja una «mayor percepción de riesgo» para sus activos y un «acontecimiento negativo» para el país, que depende de los flujos de capital externos para financiar su déficit.
En un comunicado firmado por el analista sénior de Moody’s para Argentina, Gabriel Torres, la calificadora ha aplaudido las medidas anunciadas este viernes por el Gobierno de Mauricio Macri -entre ellas una reducción en su meta de déficit fiscal para este año del 3,2 % al 2,7 %- «para hacer frente a las presiones cambiarias».
Sin embargo, si bien Moody’s ha apuntado que esas medidas «ayudarán a reducir la volatilidad cambiaria», remarcan que «el reciente debilitamiento del peso refleja una mayor percepción de riesgo para activos argentinos».
«Esto constituye un acontecimiento negativo en términos crediticios para Argentina, que depende de flujos de capital externos para financiar el déficit fiscal y el de cuenta corriente», concluye Torres.
La complicada situación del peso argentino
En los últimos días, la fuerte depreciación del peso argentino respecto al dólar ha generado una gran incertidumbre en las sociedad argentina, tradicionalmente muy dependiente de la moneda estadounidense.
No obstante, las alertas se han encendido cuando este jueves el peso se depreció un 8,62 % frente al dólar, lo que llevó al Banco Central a subir, al poco de abrir los mercados, la tasa de interés, que volvió a incrementar esta mañana por tercera vez en una semana, colocándola al 40 %.
El Gobierno ha achacado estas variaciones en el tipo cambiario al contexto actual, en el que las monedas de los mercados emergentes «se han depreciado» principalmente por las subidas de la tasa de interés en Estados Unidos.
También se ha atribuido esta situación a la «incertidumbre doméstica» derivada de la eventual presión fiscal que provendría del proyecto que impulsa la oposición en el Congreso para frenar la política de aumentos en las tarifas de los servicios públicos como la electricidad, el agua y el gas dictadas por el Ejecutivo.
Source: ABC