Y por fin vio la luz. En parte. Con algunos «tachones» (¿y eso no escama más? en fin, veremos las consecuencias judiciales si las tuviera…). El caso es que el informe «secreto» (ya no tanto) de Deloitte que recoge el proceso de valoración de Banco Popular en la que Europa basó su resolución ha sido, durante los últimos meses -desde casi el mismo día de su intervención y posterior venta a Banco Santander por un euro, el 7 de junio de 2017-, una de las piezas más codiciadas por medios de información, políticos y despachos de abogados. Sin olvidar también a los miles de accionistas y bonistas del que fue hasta entonces el sexto grupo financiero español, que siguen sin entender por qué fueron los únicos sacrificados tras ver cómo se volatilizaban sus inversiones en poco menos de un día.
Este viernes, tras haber «prometido» que lo desvelaría antes de acabar enero de 2018 -eso sí, con alguna información censurada con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero y de los intereses comerciales del comprador, según su presidenta, Elke König-, la Junta Única de Resolución (JUR) hizo pública una versión no confidencial -repito, «censurada»- en la que más que desvelar las claves definitivas que explicaría la entrada europea en el banco como «elefante en una cacharrería» se pone en entredicho la decisión final.
El documento concluye que, en el peor de los casos, el agujero de Popular era de 8.200 millones de euros, si bien plantea también dos escenarios que apuntan a su «viabilidad» ya que en la «mejor estimación» hubiese necesitado una inyección de 2.000 millones, cifra menor a lo que perdieron los accionistas con la resolución ya que solo la última ampliación de capital alcanzó los 2.505 millones, lo que habría permitido su salvación, mientras que la más favorable le asigna un negocio potencial de 1.300 millones.
Con solo estas cifras, me pregunto: ¿de verdad que a nadie se le ha pasado por la cabeza la incoherencia de liquidar una entidad que disponía de 10.777 millones de euros de patrimonio a 11 de mayo de 2017? ¿Dónde fue a parar ese «legado» entre el 11 de mayo y el 7 de junio? ¿Resulta coherente liquidar un banco que los auditores consideran viable con una inyección de 2.000 millones cuando, por ejemplo, se destinó al rescate total del sector financiero español casi 57.000 millones de los que se dan por perdidos casi 43.000? Entonces, si el banco estaba en negativo, ¿por qué el Gobierno no cesó al consejo y a su último presidente, Emilio Saracho, y lo intervino el Banco de España con liquidez para hacer una gestión que salvase a los accionistas?
El informe deja claro que a fecha de 5 de junio de 2017, Banco Popular era solvente y algunos documentos también desvelados el viernes por la JUR señalan que el BCE venía investigando de manera continuada a la entidad, por lo que sorprende que se tomase la decisión de resolverlo de manera tan atropellada. La única explicación es que la retirada masiva de depósitos -tras las dichosas filtraciones europeas y españolas- les pillase por sorpresa y no tuviesen más remedio.
Deloitte reconoce que tuvo que realizar el informe en un plazo «extremadamente corto» (doce días desde que pudo acceder a información relevante cuando lo normal es tener seis semanas) y, además, no tuvo acceso a «cierta información crítica», mientras advierte del «alto grado de incertidumbre» del dicho documento al que califica de «provisional de cara a una resolución». Entonces, ¿luces o sombras tras el informe? Falta mucho por descubrir. Para mí, sombras.
Source: ABC