Según Garzón, esta falta de respuesta fue la que «motivó» que el ministerio presentase una acción judicial de cesación contra 17 aerolíneas que, según sus pesquisas, no estaban notificando correctamente que sus clientes tienen derecho al reintegro del importe del billete si se cancela el vuelo.
Pero, al contrario de lo que afirma Garzón, la patronal del sector aéreo, ALA, sí contestó al ministro. En una carta a la que ha tenido acceso ABC fechada el 27 de mayo, el presidente de la asociación y director general de easyJet España, Javier Gándara, responde al requerimiento de Consumo asegurando que el esfuerzo del sector está centrado «en cumplir todos los requisitos legales que nos obligan con los pasajeros, que son nuestros clientes, e intentar que su percepción de nuestras gestiones sea valorada en su justa medida».
La misiva, escrita en un tono cordial, pone de manifiesto las dificultades que está atravesando el sector aéreo, centrado en «sobrevivir». «Todos esos vuelos cancelados, por motivos ajenos a nuestra voluntad, suponen millones de pasajeros que tenemos que atender sin plantillas disponibles, ya que la mayoría (más del 90%) están en ERTE y el resto con teletrabajo. A pesar de ello, estamos haciendo todos los esfuerzos para resolver con la celeridad necesaria todas las peticiones que tenemos de nuestros clientes, directamente o a través de intermediarios», explica el documento.
La patronal del sector aéreo deja la puerta abierta a «cualquier comentario o aclaración» que necesite el ministro. La carta sirve como respuesta a una misiva que remitió el ministro de Consumo a la asociación y a varias aerolíneas el pasado 19 de mayo en la que solicita a estas empresas «que en las comunicaciones y mensajes dirigidos a los pasajeros se establezcan, de forma clara y accesible, tanto las características y garantías de los bonos, como el procedimiento para que aquellos pasajeros que así lo decidan soliciten el reembolso del dinero».
Según ha podido saber este periódico, esa fue la única «advertencia» que realizó Consumo al sector aéreo. La siguiente información que partió del ministerio fue la notificación, en su página web, de que denunciaría a 17 aerolíneas por no a sus clientes de los derechos que les corresponde.
Iberia, una de las compañías afectadas, ya mostró el pasado martes su perplejidad respecto a este asunto, asegurando que había estado en contacto permanente con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y que en ningún momento le había notificado requerimiento alguno sobre su forma de actuar respecto a los derechos de sus pasajeros.
Source: ABC