Dar menos producto por el mismo precio para esconder el encarecimiento y evitar así el castigo del consumidor. Esta técnica, bautizada como ‘reduflación’, habría sido puesto en práctica por seis marcas de alimentación, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por ello, OCU anunció ayer jueves la interposición de una denuncia ante competencia a las seis empresas en las que ha comprobado este fenómeno: Pastas Gallo, Danone, Pescanova, Colacao, Tulipán y Campofrío.
Aunque la OCU acusa a estas seis compañías de competencia desleal y de no informar con transparencia, las marcas aludidas se defienden y argumentan haber actuado con legalidad. En Grupo Gallo admiten que la reducción del peso del envase fue una medida «inevitable» que tomaron ante la situación excepcional de aumento sin precedentes del coste de la energía y las materias primas del último año. En este contexto de presión inflacionista, Grupo Gallo decidió no incrementar de forma directa el precio del producto, pero sí por ajustar la cantidad de pasta de los paquetes, «lo que se traduce en ocho gramos menos por cada ración individual», reconocen desde la compañía.
«Los cambios se llevaron a cabo con total transparencia en el momento de su implementación, indicando con claridad en el etiquetado el nuevo gramaje, de acuerdo con la normativa legal vigente y manteniendo nuestro compromiso con el consumidor», afirman fuentes de Grupo Gallo.
Diferente es la postura de Danone, marca que desmiente las informaciones publicadas por la OCU y haber realizado prácticas de ‘reduflación’ de forma desleal de cara a los consumidores. «Danone no ha llevado a cabo ninguna política de reduflación en sus productos para paliar los impactos de la inflación», reza el comunicado enviado por la empresa de alimentación. «Confiamos en que esta situación se pueda subsanar en el menor tiempo posible», añaden.
Por su parte, en Nueva Pescanova aseguran que, en su caso, la reducción del envase «no tuvo nada que ver con la inflación». «La referencia que señala la OCU de 360 gramos salió a la venta en septiembre de 2020 y se dejó de vender en ese mismo momento el formato de 400 gramos a los ‘retailers’. El fin fue adecuarnos al mismo formato de ración que ya vendíamos en Portugal e Italia y adaptarnos a los consumidores, sin hacer ‘packs’ diferentes en cada país», asegura un portavoz de la compañía.
Precisamente, el CEO de Nueva Pescanova, Ignacio González, habla del fenómeno contrario al de dar menos por el mismo precio: la ‘aumenflación’ o ‘gratisflación’ para hacer referencia a la práctica de regalar al cliente un porcentaje gratis del producto. «En sentido contrario, Pescanova sacó a la venta en enero de 2022 tres referencias de filete de merluza en las que hacemos precisamente lo contrario: regalar de un 10 a un 20% de merluza», remarcan desde la empresa.
Desde Campofrío aseguran no tener aún constancia formal de la denuncia y, por tanto, no poder responder «con el rigor y la precisión que merece este tema». Desde Campofrío aseguran tener «plena convicción de estar actuando con el máximo respeto a la legalidad» en sus prácticas comerciales tanto en lo que se refiere al cumplimiento de las normas de defensa de la Competencia como as las que tienen que ver con el etiquetado e información al consumidor.
Por último, en Tulipán sí asocian el recorte de peso a la presión que ejercen los costes. «Para seguir ofreciendo a los consumidores productos asequibles y de calidad, hemos tenido que reducir la cantidad de Tulipán, indicado el gramaje de forma clara y transparente en el envase, de acuerdo con la normativa legal»
Enmascarar subidas
En el estudio elaborado por la OCU en el que se basa la denuncia se critica que al menos un 7% de los productos del supermercado se ha visto afectado por esta técnico en los últimos meses. Con esta estrategia, los fabricantes recortan de un 5% a un 10% el peso del envase para camuflar subidas de precios o aparentar rebajas mayores.
Aparte de la denuncia a la CNMC, OCU tiene pensado exigir al Ministerio de Consumo para que estudie la implantación de medidas que obliguen a los fabricantes a mejorar la información que dan a los compradores sobre el precio y la cantidad de sus productos. Sobre este asunto, fuentes de del Ministerio de Consumo ya indicaron que habían llegado quejas por estas prácticas a las consejerías de las comunidades autónomas, «que son la competentes». No obstante, desde la cartera de Consumo afirman que se trata de una práctica que se ajusta a la legalidad siempre y cuando el peso indicado en la etiqueta sea el correcto y no el anterior.
Source: abc economia