«Hace años que parece que en España no hay la fuerza política necesaria para enfrentarse a sus desafíos estructurales». Mientras el Gobierno se dedica a tratar de convencer a los medios de comunicación de que la Comisión Europea alberga «cero dudas» sobre su capacidad para llevar a buen puerto las reformas estructurales comprometidas y para gestionar adecuadamente la aplicación de los fondos europeos, la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) ha venido a sumarse a la cada vez más poderosa ola de escepticismo nacional e internacional que rodea al plan español de reformas e inversiones.
S&P, cuyas calificaciones condicionan en buena medida la mirada de los inversores sobre la solvencia de los diferentes países, ha expresado este jueves en su conferencia anual sobre España su escepticismo sobre la eficacia de las grandes reformas estructurales abordadas por el Gobierno, la laboral y la de pensiones, para impulsar la débil productividad española y ha mostrado su preocupación sobre la falta de medidas para contener el desequilibrio estructural de las cuentas públicas, que según ha advertido puede condenar a España a quedar anclada en los niveles históricos de deuda pública que presenta a día de hoy.
El responsable de ratings soberanos para Europa de S&P, Marko Mrsnik, ha subrayado que la evolución futura del rating del Reino de España dependerá de las expectativas de crecimiento a futuro de la economía española, cuyo potencial obedecerá de manera crítica a la eficacia de las reformas adoptadas, y a la orientación de la política presupuestaria. El directivo de la agencia ha asegurado que la opinión de la agencia respecto a España en este sentido tendrá un hito definitivo en los Presupuestos de 2023, en los que esperan ver medidas que sirvan para reducir el déficit estructural de las cuentas públicas españolas.
España presenta a día de hoy una calificación de A con perspectiva negativa. Según la escala de calificaciones de S&P, la letra A identifica a los emisores de calidad pero con una cierta exposición a sufrir un deterioro de sus condiciones de financiación en caso de un cambio a peor del contexto económico. La advertencia negativa implica que podría descender al siguiente escalón, BBB, que es la antesala de la entrada en el siempre delicado terreno de las inversiones consideradas como de riesgo o especulativas. S&P revisará el rating de España el próximo 18 de marzo.
Escasa profundidad de las reformas
La visión de S&P de la orientación de la política económica del Gobierno dista mucho de ser entusiasta. La agencia de calificación no oculta que aprecia más riesgos por el flanco de la política económica y presupuestaria que por el flanco del contexto económico, por muy agitado que éste sea y por mucho que España esté siendo particularmente golpeada por la espiral inflacionista.
Tras dos presupuestos seguidos sacados adelante y pese a la consolidación de una mayoría parlamentaria que mal que bien está permitiendo al Gobierno desplegar su agenda reformista, la institución continúa señalando la ‘incertidumbre política’ como un riesgo para España. Según el responsable de ratings soberanos de Europa ello es así porque la falta de un apoyo parlamentario sólido por parte del principal partido del Gobierno le hace depender demasiado de otras formaciones y complica las cosas, lo que «afecta también a la profundidad de las reformas, lo que impide que estas sean más estructurales».
Ponen como ejemplo la reforma laboral y de las pensiones. De la primera aseguran que no va a contribuir a mejorar la productividad de la economía y de la segunda que apenas es una reforma parámetrica, «que será insuficiente para contener la carga financiera para las cuentas públicas del sistema de pensiones» y que retrasa las medidas necesarias para enfrentarse a un desafío que es irreversible.
Source: ABC