Tardaron en llegar, pero finalmente el Gobierno dio luz verde. Ahora, meses después, se ha demostrado que su diseño contaba con excesivas trabas. Por ello, ante la presión de empresarios, autónomos y comunidades, el Ejecutivo ha ampliado el plazo de cobertura de los 7.000 millones en ayudas directas.
«Se amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas. Así, estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021», ha señalado el Ministerio de Economía, para añadir a continuación: «El decreto aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura. Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021)».
Esto llega después de las continuas quejas de diferentes colectivos empresariales y de las comunidades autónomas. El tejido productivo no estaba acudiendo a las ayudas directas por lo duro y farragoso de los requisitos, en suma, la burocracia.«Solo unos 300.000 autónomos, alrededor de un 10%, de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados al RETA habían reclamado este dinero a finales de agosto y que debía servir de balón de oxígeno tras casi dos años de crisis económica y restricciones, según cálculos de ATA. El principal obstáculo radica en que, al igual que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los requisitos del Real Decreto 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial son muy difíciles de cumplir por una gran mayoría de negocios.
Lorenzo Amor, presidente de ATA (la principal asociación de autónomos), reconoce que esto se trata de «un paso adelante» para el tejido productivo. Sin embargo, esta decisión no es la solución a todos los males de empresas y autónomos. «Amplía el plazo de facturas pendientes hasta el 30 de septiembre, pero habíamos demandado hasta el 31 de diciembre. Con este plazo aún se deja fuera a decenas de miles de autónomos sin poder acceder ya que no van a poder presentar gastos para cobrar las ayudas aunque hayan perdido un 80% o 90% de ingresos», ha explicado.
En este sentido, el también vicepresidente de la CEOE pone varios ejemplos de colectivos que seguirán viéndose afectados por la limitación, aunque se haya ampliado. «Un ejemplo claro: guías turísticos, fotógrafos, fisioterapeutas, traductores, intérpretes, periodistas… ¿qué gastos justifica un guía turístico para cobrar 3000€ aún perdiendo un 90% de facturación con monumentos, museos cerrados y sin turismo internacional? Los políticos no tienen ni idea de la heterogénea que son nuestras actividades como autónomos y empresarios. Es una pena y un fracaso».
Source: ABC