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    Categories: Economía

Caixabank y los sindicatos acuerdan despedir a 6.452 empleados pero siguen enfrentados en las condiciones

Más de dos meses han transcurrido desde que Caixabank anunciara su masivo Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Casi 8.300 trabajadores se veían afectados por un proceso de despido histórico no solo en la entidad sino en el conjunto del sector, por lo abultado de la cifra. Finalmente, la empresa y los representantes de los trabajadores han alcanzado un entendimiento sobre la cifra de despedidos… pero no así sobre las condiciones de salida. Las negociaciones siguen en marcha, pero el dato ya está claro, según lo que han transmitido con su última propuesta los sindicatos.

Serán 6.452 empleados los que deban salir de la mayor entidad en España por volumen de activos (alrededor de 630.000 millones) tras la absorción de Bankia, con lo que continuará siendo el mayor proceso de despido colectivo de la historia bancaria en nuestro país; en esa cifra han coincidido tanto el banco como la representación de los trabajadores. Así las cosas, esto supone rebajar la afectación inicial en más de un 22% (1.839 menos), y alejarse del ‘objetivo’ que se marcó en un principio el banco de no ceder demasiado más allá de las 7.000 salidas.<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Comparativa entre la última propuesta de la empresa y la de la RLT<a href=»https://twitter.com/hashtag/TodxsSomosCaixabank?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#TodxsSomosCaixabank</a> <a href=»https://t.co/h70FPhAcc7″>pic.twitter.com/h70FPhAcc7</a></p>&mdash; CCOO CaixaBank (@CCOOCaixaBank) <a href=»https://twitter.com/CCOOCaixaBank/status/1410270931398938629?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 30, 2021</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Han sido semanas de máxima tensión entre los sindicatos y la compañía. Decenas de movilizaciones sociales para tratar de presionar frente al ERE e, incluso, dos huelgas generales en la empresa, prácticamente ‘in extremis’ para forzar una mejora en los datos y las condiciones de los trabajadores. En el recuerdo de todo este proceso quedan las caricaturizaciones que hicieron los sindicatos, por ejemplo del presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

El concepto de la voluntariedad o no de las salidas ha sido uno de los puntos de mayor fricción durante todos los contactos. Hasta el último momento han estado tratando este asunto entre ambas partes ya que los representantes de los trabajadores querían suprimir el criterio de la meritocracia, mientras que el banco no estaba dispuesto a pasar por ese aro. Finalmente se ha impuesto la posición sindical y quienes deban salir lo harán en su gran mayoría de forma voluntaria. «La dirección ha propuesto un detallado protocolo de adscripción al plan con el objetivo de conseguir que todas las salidas se realicen de forma voluntaria», ha explicado la entidad.

Sin embargo, todavía quedan aspectos por negociar en los que las propuestas del banco y los sindicatos difieren. El ERE no está cerrado y las negociaciones, con jornadas maratonianas, siguen su curso. El enfrentamiento principal, ahora, está en que los representantes de los trabajadores no se fían de que las salidas sean totalmente voluntarias, así como que haya cupos según los tramos de edad.

Críticas del Gobierno
La negociación de este expediente no ha estado exenta de polémica. Ambas partes llevan dos días negociando en jornadas de varias horas, en sesiones de mañana, tarde y noche, para tratar de alcanzar un acuerdo que finalmente ha llegado. Pero la tensión, no solo sindical, también se ha dejado sentir por parte del Gobierno.

El Ejecutivo lleva estos dos meses atacando a Caixabank a costa de su ERE, por lo elevado de las cifras. Primero fue la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y luego la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. PSOE y Podemos unidos, esta vez, contra la banca. De hecho, Trabajo llegó a enviar un «escrito de advertencia», como publicó ABC, a la entidad de origen catalán para advertirla de que estaría vigilante respecto a todos los requisitos legales. En dicho documento también se instaba a reducir el número de afectados.
Source: ABC

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