El Gobierno volverá a endurecer la penalización en la cotización de los contratos de corta duración en un intento de luchar contra la dualidad del mercado laboral español. El castigo se centrará en las empresas que opten recurrentemente por esta modalidad de contratación. Según ha detallado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa para presentar los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de su Ministerio, el departamento trabaja ya para erradicar el «abuso de los contratos de corta duración, que ahora mismo son excesivamente recurrentes en el mercado laboral español» y se pondrá en marcha una penalización «creciente con el número de bajas de cotización en un determinado periodo de tiempo». Esto es, a mayor número de bajas en el sistema, mayor será el coste.
Esta es una de las novedades del mercado laboral a las que se ha comprometido el Gobierno con Bruselas a cambio de acceder a los fondos europeos y que incluyen varias novedades en el ámbito de la Seguridad Social. Además de la lucha contra la temporalidad vía cotizaciones, Escrivá ha explicado que se pondrán en marcha dos modalidades de ERTE permanentes, pues «la pandemia nos ha demostrado que han sido una herramienta clave para sostener el empleo y queremos utilizar esta experiencia para el futuro». En concreto, uno de las modalidades se orientará a las empresas que sufran caídas coyunturales de sus actividad, como ha ocurrido con el Covid, mientras el otro se destinará para compañías que deban transitar hacia nuevos modelos de producción. En ambos modelos se impondrá formación a los trabajadores suspendidos, especialmente en la segunda modalidad.
Los ERTE siguen siendo un paraguas de protección para cientos de miles de personas en España. En concreto, Escrivá espera que la cifra de acogidos baje de 600.000 esta misma semana y, pese a las advertencias de organismos como el Banco de España o la Airef, que alertan del alto riesgo de que estas personas acaben finalmente en el paro, el ministro se ha mostrado convencido de la reactivación de buena parte de los mismos. Según Escrivá, cuando se mira la estructura, las personas que están en ERTE están muy concentradas en sectores cuya recuperación a va a ser «muy fuerte en los próximos meses con toda seguridad».
«La mitad de esos 600.000 trabajadores están empleados en restauración, comidas y bebidas y actividades de alojamiento», ha dicho Escrivá, aunque ha matizado que «algunas partes de estos sectores podría ocurrir que haya cambios en la estructura de la demanda y se ponga de manifiesto la necesidad de algún tipo de ajuste y ahí podremos tener una oportunidad de aplicar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas». La financiación de estos mecanismos permanentes de flexibilidad está aún en proceso de diseño. «Se prevé la creación de un Fondo Tripartito para financiar el mecanismo, cuyas contribuciones públicas podrían proceder de préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation», ha dicho Escrivá.
En lo que se refiere al sistema de pensiones, el ministro ha augurado un pronto desenlace a las negociaciones con los agentes sociales. «Hay que cumplir con los plazos del plan», ha dicho Escrivá. «El acuerdo tiene que ser inminente». El acuerdo deberá incluir l nuevo sistema de cotización de los autónomos, aunque el ministro ha remarcado que el cambio de sistema será «muy gradual» y que la entrada en vigor no empezará hasta 2023. El primer paquete de la reforma, que no incluye los puntos más espinosos socialmente como el que será el nuevo factor de sostenibilidad, incluye un rediseño de los coeficientes de desicentivación a la jubilación anticipada y la derogación de la cláusula de jubilación forzosa.
El ministro ha insistido en la necesidad de eliminar la incertidumbre que hay sobre el sistema de pensiones y sobre los futuros pensionistas. Una de las claves en este sentido será el diseño de las herramientas necesarias para absorber las llegadas de la generación del ‘baby boom’ a la edad de jubilación. Según ha explicado Escrivá, la filosofía del nuevo factor de sostenibilidad, el llamado de equidad intergeneracional, en el que trabaja el ministerio busca concentrar el peso del esfuerzo que tendrá que hacer el sistema en la generación de los ‘baby boomers’ y en menor medida en las siguientes generaciones.
Source: ABC