El Govern balear continúa con su política intervencionista para conseguir más viviendas en su poder. El Ejecutivo que dirige la socialista Francina Armengol ha aprobado un decreto ley que le permite comprar a los grandes tenedores todo tipo de viviendas, incluidas las unifamiliares; ceder el derecho de tanteo y retracto a entidades menores como consells insulares o ayuntamientos, o ampliar este plazo de preferencia hasta los dos meses, entre otras medidas.
Uno de los principales objetivos del decreto, que modifica por segunda vez en pocos años la Ley de Vivienda de 2018, es destinar a distintos usos, especialmente a vivienda, todos los inmuebles que los grandes tenedores se compren y vendan entre sí. Hasta ahora, el Govern sólo estaba interesado en aquellos pisos similares a los de Protección Oficial (VPO), ya que era los que podía destinar a alquiler social. Esto dejaba fuera a otro tipo de casas, como los unifamiliares. Sin embargo, el nuevo decreto abre la puerta a la compra de todo tipo de viviendas. De este modo, un unifamiliar podría interesar a recursos sociales de alojamiento o a viviendas tuteladas para determinados colectivos y las administraciones podrán ceder la gestión a entidades del tercer sector.
Para ello, además, el Govern podrá ceder el derecho de tanteo y retracto que se arrogó en la Ley de Vivienda de 2018. El decreto ley recién aprobado permite la firma de convenios para que este derecho pase a los consells insulares, los ayuntamientos o entidades de capital mayoritariamente público. De este modo, cualquier administración de las Islas podrá tener una opción preferente de compra en las operaciones entre grandes tenedores.
También se aumentan las condiciones del derecho de tanteo y retracto y se multiplican las obligaciones de los grandes tenedores. Así, el derecho de retracto respecto de operaciones ya consumadas entre grandes tenedores se amplía a los dos meses desde que la Administración tiene conocimiento –antes era uno y, según el Govern, no era suficiente-. Además, se refuerza la obligación de los grandes tenedores de colaborar con la Administración, por lo que tendrán que aportar más información sobre el comprador, las cargas del bien o la identificación catastral y registral. La obligación es tanto para el comprador como, subsidiariamente, para el vendedor.
Asimismo, el Govern aumenta las sanciones para los grandes tenedores y sancionará su falta de colaboración con infracciones específicas y más graves, tanto cuando pretenden impedir el afloramiento de los pisos vacíos como el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Según ha ejemplificado el conseller de Movilidad y Vivienda, el socialista Josep Marí, no facilitar la información requerida o darla incompleta o incorrecta, se califica como grave con multa de entre 3.001 y 30.000 euros.
Igualmente, no comunicar la operación entre grandes tenedores, tanto al vendedor como al comprador, se califica como muy grave, con multa de entre 30.001 y 90.000 euros. Por su parte, no cumplir las obligaciones con la comunidad de propietarios, que pasa a sancionarse directamente como una infracción grave puede acarrear sanciones de entre 3.001 y 30.000 euros.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno prohíbe el subarrendamiento de las viviendas de protección oficial, así como la cesión de uso total o parcial sin control de la Administración. Así, el alquiler de una VPO que un particular tiene en propiedad se tiene que hacer por el precio máximo que fija la Administración. Si se supera, se puede resolver el contrato, además de ser sancionable.
Con el Decreto Ley, se introduce una excepción, de forma que si el inquilino es una persona o una familia en situación de vulnerabilidad, puede seguir en la vivienda, ajustándose el precio al que marque la Administración, y se fija la obligación del propietario de devolverle todo lo cobrado indebidamente.
También está previsto dotar a los inspectores de más instrumentos para poder detectar infracciones en materia de vivienda, de forma que pueden actuar sin identificarse previamente o, incluso, bajo una identidad encubierta, para detectar infracciones de todo tipo en materia de vivienda. Cabe recordar que, tal y como publicó ABC, el Govern de Armengol tiene casi un centenar de VPO ocupadas ilegalmente y que se reconoce incapaz de cobrar uno de cada cuatro recibos que emite.
El decreto pretende también incrementar la lucha contra la infravivienda y su comercialización, que hasta ahora era sancionable en los casos de alquiler y ahora lo será también en los casos de venta o cualquier tipo de cesión.
El conseller Marí ha defendido la vigencia y utilidad de una ley «novedosa y atrevida» que a partir de su aplicación se ha visto en algunos casos «mejorable». Según ha explicado, el decreto prevé mejoras sobre la tramitación y la concesión de ayudas. Así, se elimina la obligación del solicitante de acreditar el depósito de fianza y se permiten resoluciones y pagos parciales a medida que se vaya completando la tramitación de los expedientes.
Para ayudas de otros tipos se puede avanzar al solicitante el 100 por ciento del importe de la subvención y se permitirá la justificación de gastos inferiores a 3.000 euros mediante una declaración responsable. Para todas las convocatorias, se podrá establecer en las bases que la comprobación económica se haga mediante un muestreo de los documentos acreditativos de la realización y el pago de los gastos.
Source: ABC