La actual prórroga incluye los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, disponibles para determinados sectores económicos especialmente afectados por la pandemia, aunque contempla además otras dos figuras más, los ERTE de impedimento de la actividad y los ERTE de limitación de actividad, a las que también puden acogerse todas las empresas, sean del sector que sean, y que contemplan exoneraciones muy elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer en una entrevista en televisión que la nueva prórroga de estos expedientes mantendrá el actual esquema de protección a empresas y trabajadores, lo que implicaría, insistió, que seguirá operando tanto el compromiso de las empresas a mantener el empleo durante seis meses si se acogen a un ERTE, como la «prohibición» de despedir, de repartir dividendos y de realizar horas extraordinarias, entre otras medidas. Fuentes de la negociación aseguran que precisamente la interpretación de esta cláusula está siendo uno de los bloqueos de mesa.
Según datos del ministerio de Trabajo, hoy quedan 756.000 personas acogidas a un ERTE, casi un 80% menos de los más de 3,5 millones que llegaron a estar acogidos en marzo. Pero la importancia de este instrumento, que fue clave para sortear los primeros envites de la pandemia, se antoja si cabe más importante para rematar con éxito la dura salida de la crisis. De hecho, así lo ha sido durante la segunda ola, cuando volvió a aumentar el número de trabajadores acogidos a este paraguas. La curva de personas en ERTE fue descendente hasta el mes de octubre, cuando alcanzó su mínimo de 706.000 personas reguladas, pero volvió a subir en el último trimestre en 49.000 personas como consecuencia de las restricciones impuestas para contener la segunda ola.
Source: ABC