La propuesta aprobada prevé su desarrollo reglamentario «en el plazo de seis meses» y obliga al Gobierno a presentar en el mismo plazo «un Plan de Fomento de la Eficiencia Energética en las Explotaciones Agrarias» en cumplimiento de la Ley de Economía Sostenible de 2011 y para «asegurar la libre competencia y garantizar la no existencia de prácticas contrarias a la misma» se exige al Ejecutivo la realización de una «auditoría de costes» sobre la eléctricas y su influencia sobre el precio.
Un 120% más en la factura de la luz desde 2008
Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), su presidente Andrés del Campo, ha calificado en declaraciones a ABC que la medida de «necesaria y positiva». Además de resultar un impulso para continuar con la modernización de los regadíos, de los que aún quedan casi un millón de hectáreas. «Con el actual sistema tarifario difícilmente podría culminarse el proceso», ha advertido.
En cualquier caso, Del Campo ha opinado que ahora la prioridad es «aprobar el desarrollo reglamentario en los seis meses de plazo fijados» y evitar que duerma en un cajón. Lo que a su juicio ha ocurrido con la Ley de la Sequía en 2018: «Y es que pagar todo el año por un servicio que únicamente se utiliza durante la campaña de riego, además de ser injusto, incrementa innecesariamente los gastos de los agricultores en electricidad». En este sentido, estima que si se desarrolla esta nueva modalidad contractual los agricultores podrían ahorrarse una parte importante de los costes fijos de la energía , que representan el 70% de todos los gastos.
En concreto, ha estimado el presidente de Fenacore, desde 2008 el recibo eléctrico ha subido más del 120%. Lo que ha atribuido, sobre todo, «a los costes fijos, puesto que el término de potencia se ha incrementado más de un 1.100%».
Source: ABC