Han tenido que transcurrir cinco presidencias del Consejo Europeo desde 2018 y una maratoniana cumbre en Luxemburgo, para que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea cerrara un acuerdo político alrededor de la nueva PAC (Política Agraria Común) para el periodo 2021-2027, cuya reglas entrará en vigor totalmente el 1 de enero de 2023. Mientras desde el Ministerio de Agricultura han destacado que se corresponde «exactamente» con lo que España había pedido, las principales organizaciones de productores Asaja, COAG y UPA han brindado al acuerdo una bienvenida más tibia. Desde Unión de Uniones han alertado que lo consensuado por el Consejo no soluciona «el injusto y desequilibrado reparto de las ayudas».
Desde la mayoritaria Asaja, su director de Relaciones Internacionales Ignacio López, ha apuntado que «el acuerdo no es el que nosotros queríamos» y lamentado que «el Presupuesto sea flojo». Salvo cambios de última hora España recibirá en los próximos siete años 47.274 millones de euros, el 40% dedicado a objetivos específicamente medioambientales. A los que cabría añadir la parte que nos corresponda de los 7.500 millones de euros en los que ha quedado reducido el presupuesto adicional para Desarrollo Rural (de los 15.000 millones originales) más las aportaciones de las comunidades autónomas y el Estado, así como del Plan Nacional de Inversiones y Reformas todavía no cuantificado.
A vueltas con los «ecoesquemas»
Para López, estos más de 47.000 millones no serán suficientes para «afrontar» las exigencias en materia de medio ambiente y sostenibilidad que trae la nueva PAC. De igual modo, ha alertado contra el hecho de que los «ecoesquemas» – que en la propuesta el Consejo representan el 20% de las ayudas directas – pueda suponer hasta el 40% ayudas directas y reducir de este modo el porcentaje que va directament al agricultor sin una mayor condicionalidad verde. Al respecto, ha pedido «niveles más altos de flexibilidad» en la aplicación de los «ecoesquemas» para garantizar la competitividad, incluyendo realidades como lo costes laborales de servicios de terceros o de familiares.
Desde COAG, su secretario general Miguel Blanco también constata que «se refuerzan las exigencias y se debilita el presupuesto». En este sentido, ha lamentado el recorte en un 50% del presupuesto adicional para Desarrollo Rural que inicialmente era de 15.000 millones. Algo que considera que se puede «reconducir» en fases posteriores de la negociación. «Somos la base del sistema alimentario y estamos padeciendo las consecuencias del Covid», apunta el máximo responsable de esta organización agraria.
Respecto a los «ecoesquemas» coincide con el representante de Asaja en que «se refuerza la condicionalidad medioambiental más que en la anterior reforma» y muestra su escepticismo sobre su aplicación anual. En su opinión es «un proyecto de todo el periodo» y se pronuncia a favor de que se sea «flexible si hay incumplimientos o sobrantes, que se puedan reconducir a otras medidas del primer o segundo pilar». En esto, Blanco, se muestra de acuerdo con lo decidido por los ministros europeos. En cualquier caso, añade su inquietud porque se haya decidido que el 20% de las ayudas directas este vinculadas a los «ecosistemas» y advierte que aunque «voluntarios» sobre el papel «no son inclusivos ya que puedes perder el 20% de las ayudas»
Al hilo de lo anterior, el director de relaciones internacionales de Asaja cree concluye que «cuanto más atractivo y más incetivos haya en los ecosistemas mayor será la aceptación entre los agricultores».
Redistribución de las ayudas
En lo referente al establecimiento de un tope de 100.000 euros por beneficiario en las ayudas de la PAC, con fines redistributivos para aumentar el importe que reciben los agricultores medianos y pequeños por las primeras hectáreas, los representantes de Asaja y COAG discrepan: el primero se muestra contrario a estas limitaciones, mientras que el segundo pide reducir este tope hasta los 60.000 euros «porque necesitamos recuperar fondos de las ayudas redistributivas para los profesionales que tiene explotaciones medianas y pequeñas».
Para otras organizaciones como Unión de Uniones, este tope máximo y la regresividad de los pagos a los mayores beneficiarios a partir de los 65.000 euros – «de aplicación voluntaria para los países y, además con la posibilidad de aplicar reducciones mínimas», han apuntado- en su opinión pone en tela de juicio que se corrija lo que tachan de «deficiencia histórica de la PAC»: el reparto de las ayudas, que juzgan «injusto y desequilibrado». Al respecto, piden que Planas respete sus propias declaraciones sobre la voluntad de Agricultura para que todos los fondos de la PAC sean percibidos por los profesionales del sector.
Desde UPA (Unión de Pequeños Agricultores) han destacado que «lo que vamos conociendo del acuerdo no nos suena mal» y cree que la existencia de este entendimiento entre los ministros del ramo europeos ya positivo. Esta organización también valora positivamente la flexibilidad en la introducción de los «ecosistemas» y las medidas de apoyo a jóvenes productores de hasta 100.00 euros. Además de que se simplifiquen su tramitación. Además de que se hay incluido dentro de las ayudas a la aceituna de mesa de la que echan de menos a frutas y hortalizas.
A falta de que la Eurocámara se posicione, UPA ha pedido que todas las administraiciones sean «muy conscientes» de la realidad del campo y de que la Política Agraria Común marcará el rumbo de la alimentación en los próximos siete años.
PP: «España, sola en la mesa del Consejo»
Por su parte, la portavoz popular en la Comisión de Agricultura Milagros Marcos ha apuntado que «no se pueden hacer valoraciones en profundidad hasta que haya una decisión definitiva», en referencia a los «trílogos» y la votación que deberá celebrar a final de semana el Parlamento Europeo. En este sentido, Marcos ha apuntado que «España ha ido sola a la mesa del Consejo, sin hablar con ningún país y sin posición de país». Además, ha apuntado que que el ministro de Agricultura se ha venido de Luxemburgo con «un 12% menos de financiación y muchas más cargas para agricultores y ganaderos». En este sentido, cree que con este acuerdo al sector se le pide «hacer más con menos».
La diputada popular y exconsejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha echado de menos cualquier referencia a nuevas medidas para el vacuno y exigido una PAC en la que «nadie pierda». En este sentido, ha hablado de una mayor flexibilidad en los ecoesquemas a nivel de la presidencia alemana (20%) frente a las propuestas de la Eurocámara que hablan ya del 40%.
En lo que sí han coincidido todas las fuentes consultas es que, tras el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, es el turno de los denominados «trílogos» o negociaciones entre el Consejo Europeo, la Eurocámara y la Comisión Europea para aunar posiciones alrededor de los reglamentos que definirán la nueva PAC. Una fase que deberá estar concluida a principios del año próximo, para la posterior elaboración de los planes estratégicos de cada estado antes de que la nueva PAC entre en vigor plenamente el 1 de enero de 2023. Los años 2021 y 2022 la PAC se gestionará con el nuevo Marco Presupuestario, aunque con las normas de la anterior Política Agraria Común.
Source: ABC