Pasan los años, pero PSOE y Unidas Podemos siguen jugando al perro y al gato con las políticas de vivienda. Si José Luis Ábalos habla de colaboración público-privada, Rafael Mayoral habla de «especulación» de fondos buitre; si el ministerio de Transportes abre la futura ley de vivienda al sector privado, desde el partido morado retoman de nuevo la iniciativa de imponer límites a los precios del alquiler.
El último episodio de esta interminable lista de desencuentros se produjo ayer. Y estuvo protagonizado por el mismísimo Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo del Gobierno y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, garantizaron, en una reunión con el Sindicato de Inquilinos, que el Ejecutivo regulará los precios del alquiler.
Tal y como informó ABC, la formación morada está presionando a los socialistas para impulsar esta medida, que ya ha salido adelante en Cataluña. Según las palabras de Iglesias producidas ayer, la intención es incluir la regulación del alquiler en los Presupuestos de 2021. PSOE y UP siguen negociando el borrador. «Hay cosas por pulir», admiten desde el Ejecutivo. Fuentes de Unidas Podemos recuerdan que sería factible que entrase en vigor porque hay socios del bloque de la investidura que apoyan la iniciativa, como ERC. Consideran además que es «urgente» y «prioritaria» debido a las consecuencias de la crisis económica derivada del coronavirus. Sin embargo, explican que está siendo «difícil» de asumir para el PSOE. Por el momento, no hay acuerdo en este sentido.
Desde la vicepresidencia de Derechos Sociales subrayan que el control de los precios del alquiler es uno de los compromisos del pacto de coalición firmado el pasado diciembre por Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado», reza.
Por ello, Iglesias quiere introducir en el borrador de las cuentas públicas una legislación que permita a las comunidades y ayuntamientos poder declarar zonas de mercado «tensionado» y limitar subidas abusivas de los precios. Su equipo señala como marco referencial la ley que entró en vigor en septiembre en Cataluña. No obstante, la oposición en Cataluña elevó al Consejo de Garantías -un tribunal no vinculante que evalúa la legalidad de las normas aprobadas en el Parlamento de Cataluña- este texto y el órgano falló que algunos de sus artículos eras «inconstitucionales», invadían competencias y vulneraban derechos.
Mientras Podemos garantiza a los inquilinos que habrá controles, el PSOE rechaza la medida públicamente. O, al menos, enfría su aprobación. «Antes de limitar el alquiler hay que ver el mercado que nos deja el Covid», aseguraba el secretario general de vivienda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, en una entrevista concedida recientemente a «Cinco Días».
Otras opciones, como incrementar la oferta de pisos en alquiler con el lanzamiento de 20.000 viviendas sociales, son mejor valoradas por el Partido Socialista. De hecho, en los últimos días el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha tenido reuniones con varios ayuntamientos para tratar de darle un nuevo impulso a este proyecto, que fue presentado de forma oficial hace un mes en un evento celebrado en Valencia.
A diferencia de la imposición de controles, este programa sí cuenta con el beneplácito del sector inmobiliario y la mayoría de economistas. «Todos tenemos que ser conscientes de que la prioridad es incrementar la oferta de viviendas en alquiler, no reducirla», opina la directora general de la asociación de propietarios Asval, Beatriz Toribio, que recuerda que los controles impuestos en Cataluña ya están creando estragos. «Los precios han alcanzado niveles precrisis y cada vez hay menos viviendas en el mercado, según las cifras de organismos como el Instituto Catalán del Suelo», afirma Toribio.
Pese a ello, Unidas Podemos insiste en intervenir el mercado. Es uno de sus caballos de batalla, pese a que su socio de Gobierno lleva años frenando la medida. En 2018, la vicepresidenta Nadia Calviño -que entonces era ministra de Economía- frenó los planes de Unidas Podemos para intervenir el mercado del alquiler. ¿La razón? La medida amenazaba con desatar una fuga de inversiones en el sector inmobiliario.
Ahora Unidas Podemos prepara una nueva ofensiva, amparado por la nueva normativa catalana. Más allá de los Presupuestos, el Gobierno ha abierto a consulta pública la próxima ley estatal de vivienda, que es vista por determinadas organizaciones de inquilinos como la oportunidad perfecta para introducir nuevos límites a los alquileres. También asociaciones como Asval trabajan en la presentación de determinadas propuestas. Por el momento, el Ejecutivo reparte guiños a unos y a otros.
Source: ABC