Con la negociación del futuro de los ERTE más allá de este mes como telón de fondo, la clausura de la asamblea general de Ceim, se ha convertido hoy en el escenario elegido por los empresarios madrileños para lanzar un SOS a toda la sociedad sobre la gravedad de la crisis que atraviesa el país y las duras consecuencias que puede acarrear. También para solicitar al Gobierno un paquete de medidas con el que evitar que el ya dañado tejido empresarial se vaya descomponiendo a golpe de rebrotes. Ante este escenario de «emergencia nacional», Miguel Garrido, presidente de Ceim, ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad: «Está en juego nuestro futuro. Debemos actuar con responsabilidad y altura de miras», dijo.
Sin querer quitar «ni un poco» del dramatismo que es escenario actual se merece, Garrido puso sobre la mesa una batería de medidas que ayudarían a capear la situación actual y entre las que se incluye el «facilitar la reestructuración de la capacidad de las empresas». Según explicó, alargar sine die los ERTE puede no solo no ser una situación, sino que incluso podría en algunos casos «agravar el problema», en empresas que ya han constatado que su demanda va a ser mucho más débil durante un periodo de tiempo mucho más largo de lo esperado en marzo. La propuesta de los empresarios de Madrid pasa por que el Fogasa se haga cargo del 50% del coste de indemnización por despido cuando sea necesario para permitir la viabilidad de las empresas.
Además reclama ampliar la carencia créditos ICO y mayor flexibilidad de amortización, así como anular los privilegios de las administraciones públicas en los procesos concursales. Otra de las propuestas pasa por reimplantar el contrato de lanzamiento de nueva actividad, con una duración de tres años, lo que, según Garrido, se justifica por la «multiplicación exponencial de incógnitas e incertidumbres económicas, ajenas a las circunstancias del mercado».
El presidente de Ceim también ha remarcado la importancia de aplicar rebajas fiscales, en línea con las ya anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. «La situación extraordinaria que estamos viviendo, requiere una decidida reducción de la presión fiscal que soportan las empresas para favorecer el impulso que la economía necesita en un momento de recesión como el que nos encontramos», ha dicho.
Otra de las reclamaciones surge del análisis de la gestión de la crisis hecha en Alemania. Los empresarios de Madrid han pedido instaurar el llamado «Kurzarbeit», que se basa en reducción de jornada y salario y en invertir en formación para los trabajadores. «Es fundamental facilitar a todos los empleados afectados por ERTEs, el derecho de acometer acciones de formación y recualificación profesional para promover su empleabilidad y adaptarlos a la nueva situación», ha señalado el presidente de Ceim.
CEOE reclama conocer el coste de los ERTE
La intervención de Garrido ha estado precedida por el discurso del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien no ha dudado en lanzar un mensaje al Gobierno respecto a la negociación sobre el futuro de los ERTE de fuerza mayor y ha reclamado conocer el detalle del coste de este esquema, tanto en prestaciones como en bonificaciones a la Seguridad Social. «Es muy difícil sentarse a la mesa si no sabemos cuál el coste real de estos ERTE. Falta información», ha advertido. El elevado coste para las arcas públicas, explican algunas fuentes, es una de los argumentos utilizados por el Gobierno en la mesa tripartita para justificar la limitación de este paraguas a solo algunas empresas.
Garamendi ha pedido además al Ejecutivo que no se siente a la mesa de negociación únicamente ha hacer propuestas, sino que también escuche a la otra parte. En este punto ha criticado la forma en la que se ha abordado la regulación del teletrabajo, proyecto que, según fuentes del ministerio de Trabajo, verá la luz este mismo mes. «Se quiere legislar el teletrabajo como algo ordinario a través de lo que es una situación extraordinaria», ha criticado.
«No va a haber el 33 % de la gente teletrabajando de forma ordinaria. Las empresas no lo quieren ni lo quieren los trabajadores», ha dicho. «No queremos ir con rapidez en algo que requiere mesura y de querer introducir vía esta normativa cambios en la reforma laboral». Asimismo, ha insistido en la gravedad que conlleva hacer anuncios sobre la reforma laboral. «Que tengamos la inseguridad jurídica de no saber cómo vamos a trabajar, si van a cambiar una norma u otra y más con la que está lloviendo es ir en la dirección contraria» ha zanjado.
Source: ABC