Sánchez cambia, a última hora, el plazo de devolución de los remanentes de los ayuntamientos de 10 a 15 años

La fórmula «imaginativa», en palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, no solo ha roto el consenso dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno, sino que hizo falta acudir al voto de calidad del presidente de la institución, el alcalde de Vigo Abel Caballero (PSOE), para que fuera aprobada la propuesta. Ni siquiera pudieron contar con el apoyo de sus socios de Unidas Podemos, que optaron por una diplomática abstención. Ahora, la publicación en el BOE de este acuerdo – en forma de Real Decreto- Ley- alberga un cambio fundamental de última hora.

En concreto, representantes populares en la FEMP como José María García Urbano, alcalde de Estepona y vicepresidente de esta institución, han denunciado que en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado se ampliaba de 10 a 15 años el plazo para la devolución de los remanentes
de los ayuntamientos por parte del Estado, cuando lo firmado horas antes estipulaba específicamente 10 años.

Desde Hacienda han reconocido que este punto podría haber estado «mejor redactado» inicialmente y han apuntado que «se ofrece a los ayuntamientos volver al plazo de los diez años». Desde el Ministerio han recordado que en el punto cuarto de lo firmado en La Moncloa el martes, se aseguraba que «el importe íntegro del préstamo será amortizado en el plazo de diez años, a partir de 2022» y se añadía que «las entidades locales podrán voluntariamente acogerse a un plazo mayor si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofreciese condiciones más ventajosas».

Desde el departamento encabezado por María Jesús Montero han apuntado que esto último abre paso a la posibilidad de que este plazo se ampliara, tal y como se ha especificado en el BOE. En el comunicado remitido a la prensa ayer se apuntaba que «el plazo podría alcanzar los 15 años si la Dirección del Tesoro y Política Financiera ofrece condiciones más ventajosas».

Pues bien, horas después, en el BOE aparecía esta disposición: En concreto, en el artículo 3.2 del Real Decreto -ley 27/2020 , de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales: «El importe del principal del préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de quince años, a partir de 2022».

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Impresentable e inadmisible. <br>El BOE publica que el Gobierno de Pedro Sanchez no nos devolverá los ahorros incautados a los ayuntamientos en 10 años, como habían dicho. ¡Lo devolverán en 15 años! El PSOE nos ha engañado a todos. <a href=»https://t.co/CmZsZ3jdL2″>pic.twitter.com/CmZsZ3jdL2</a></p>&mdash; José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) <a href=»https://twitter.com/JMGarciaUrbano/status/1290977181427011586?ref_src=twsrc%5Etfw»>August 5, 2020</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
Lo aprobado incluye el compromiso del Gobierno de adelantar a los ayuntamientos al menos el 35% de los remanentes «prestados» a la Administración General del Estado, pero condicionando su destino a que se gasten en «tres áreas prioritarias: Agenda Urbana y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura».

El acuerdo tambié incluye la distribución de 5.000 millones con cargo a los Presupuestos Generales entre los ayuntamientos con remanentes. Un montante que se distribuirá en dos partes: 2.000 millones este año y otros 3.000 el que viene. Posteriormente, lo cedido al Estado se devolverá a los municipios en un nuevo «plazo máximo» de 15 años. «La cesión es la única manera de utilizar los remanentes. Tras cederlos al Estado, éste nos los devuelve libres de déficit y listos para gastar», argumentaba el alcalde de Vigo el lunes.

También se incluyen otras disposiciones como el establecimiento de un crédito extraordinario (un fondo) de 275 millones de euros, ampliable hasta 400 millones, gestionado por el Ministerio de Transportes para afrontar el déficit en esta materia, por el impacto directo de la pandemia (recorte drástico del servicio por el confinamiento).
Source: ABC

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