Al igual que las ayudas al alquiler de viviendas, estos incentivos serán más beneficiosos si el arrendatario desarrolla su actividad en un local propiedad de un gran tenedor (más de diez inmuebles o un superficie de 1.500 metros cuadrados) o de una entidad pública. Estos inquilinos podrán optar a una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler, una renta que sería devuelta a lo largo de dos años. La ayuda se aplicará en el plazo de un mes desde la aprobación del decreto-ley.
Además, cuando se aplique este tipo de moratoria el Gobierno prevé la no ejecución de garantías de pago, tales como avales bancarios o seguros de impago de alquiler, entre otras.
En cambio, si el local es propiedad de otro tipo de tenedor, el Gobierno contempla el aplazamiento de la renta en un espacio de un mes y el uso de la fianza para afrontar el alquiler, tal y como ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Durante el Consejo de este martes el Ejecutivo también ha aprobado medidas como la admisión de los ERTE por causa mayor en actividades esenciales .
Las nuevas medidas del Ejecutico se producen después de que pymes y autónomos hayan criticado que pese a no contar con ingresos durante las últimas semanas estaban obligados a pagar el arrendamiento de sus establecimientos de forma íntegra. Según los cálculos del sector, el alquiler se come el 25% de sus gastos fijos.
La semana pasada, las patronales del comercio minorista remitieron un comunicado en el que advertían que la crisis del coronavirus amenazaba hasta el 50% de las empresas del sector y reclamaban al Ejecutivo que habilitara mecanismos para relajar el pago de los alquileres. Según fuentes del sector, los principales «problemas» se han producido porque muchos centros comerciales han rechazado flexibilizar el pago de las rentas. «En los locales que pertenecen a particulars sí se han alcanzado multitud de acuerdos», puntualizan estas fuentes.
Source: ABC