En el caso de España, el peso elevado que tiene en el PIB el sector servicios y la atomización de su tejido empresarial, representado en un 80% por pymes, añade más complejidad. La actividad económica estará casi a pleno rendimiento en la administración pública, 95%, según KPMG, y en la agricultura, un 90%. Sin embargo, el comercio, las inmobiliarias o las actividades de ocio la actividad se reducirá al 30%.
Ahora bien, solo con el coste por desempleo que tendrá que asumir el Estado ante el incesante aumento del paro se superará la cantidad que ha puesto a disposición para créditos a las pymes, 20.000 millones de euros, mediante avales por los que, por cierto, cobra.
España registró un 13,7% de paro en 2019 y es el segundo país con mayor número de desempleados. Solo Grecia supera esa cifra con un 16,6%. Mientras que en España más de tres millones de personas están en paro, países como Holanda, Alemania o la República Checa no superan el 3,3% de desempleo, según Eurostat. Por eso ven el problema de otra forma.
En esta situación, el Gobierno tiene, entre otras, dos opciones.
La primera, definir la situación de fuerza mayor. Es una institución jurídica que permite interrumpir o finalizar, en ciertos casos, las obligaciones que se devengan y quedan suspendidas para que no acrecienten su importe. En un caso como el presente de fuerza mayor generalizada, empresas y particulares quedarían mutuamente relevados del peso de esas deudas porque no llegan a producir. No es que se aplacen, es que no nacen. Si esto es así, según el derecho civil, el Estado debe favorecer (y favorecerse a sí mismo) la definición nítida y para todos de dicho instituto, mediante una declaración de inicio y final de sus efectos. Es la forma de proporcionar seguridad jurídica y evitar las improvisaciones que se están viendo.
La segunda, endeudarse para sostener la actividad productiva, aunque aplicando la primera medida casi no necesitaría de la segunda.
El temor a la reacción de Europa no tiene sentido. Alemania no ha cumplido el pacto de estabilidad, no ha utilizado nunca su superávit cuando el resto de socios lo han necesitado, luego no es la autoridad que pueda exigir cumplir el pacto a los demás. Además, es una situación temporal, en la que ese crédito se destinará a actividades productivas y por lo tanto se recuperará con seguridad.
España tendrá que afrontar unos costes, no previstos y derivados de un caso de fuerza mayor, más altos de lo previsible. Es mejor no volver a negar o ignorar las señales que existen, como se hizo en enero y en febrero reiteradamente.
En el año 2010, el peor año de aquella crisis, el gasto en prestaciones por desempleo fue de 32.238 millones de euros, el doble de lo que España recaudó aquel mismo año por el Impuesto de Sociedades, un total de 16.000 millones de euros. Si el número de desempleados creciese, en el peor de los casos, en dos millones de personas como consecuencia del frenazo económico (en dos semanas de confinamiento son ya 1,7 millones de personas las afectadas por ERTE), se alcanzaría un total de 5 millones de parados, con una tasa del 21,4%.
La incorporación de esos dos millones de desempleados nuevos a los 3,2 registrados hoy, dispararía el coste de las prestaciones por desempleo a 34.000 millones de euros al año, es decir, una cantidad incluso superior a la registrada en 2010, año en el que el número de parados fue de 4,7 millones de personas y la tasa de paro del 20,3%.
Para evitar estos efectos nocivos, todos los países y los bancos centrales están movilizando fondos de toda clase. EE.UU. ha dicho que inyectará 2 billones de dólares en su economía; con eso cubre dos meses de salarios o dos de gasto del consumidor.
En el caso de España, que el consumo está en torno al 58,2% y el Estado ha puesto a disposición de la economía 100.000 o 200.000 millones de euros, se podría soportar entre dos y tres meses de gasto del consumidor, pero no de desempleados. Sabiendo ya que las estimaciones se quedan por debajo de la realidad, los expertos que más afinan estiman las mismas probabilidades, 35%, tanto para una recuperación inmediata como para otra más lenta, es decir, el año próximo. Y si el estado de alarma dura dos meses, el impacto en el PIB será de entre un 5,5 y un 7%, y si son tres meses, de entre un 9,1 y un 10,5%. Por eso urge anticiparse a ese impacto.
Carlos Balado es periodista y director general de Eurocofin
Source: ABC