Ante la negativa del Ministerio de Hacienda de abonar los 200 millones de euros de IVA a Galicia, asegura que la institución ha estudiado su «legitimación activa en defensa de los derechos e intereses económicos generales colectivos del territorio, que tiene encomendados por ley».
Además, argumenta que es hora «de que la sociedad civil y el tejido socioeconómico defiendan sus derechos más allá de las opciones políticas de cada uno, dado que estos impuestos están abonados por empresas y profesionales bajo la condición de que el 50% se retorne en infraestructuras, prestación de servicios y subvenciones a través de la comunidad autónoma».
«Esa afectación territorial directa del ingreso del IVA no puede ser sustituida por ninguna ‘promesa’ de la Administración central sin garantías y que puede ser arbitraria entre territorios, como se nos ha demostrado recientemente».
Por otra parte, avanza que en la próxima reunión de los órganos de gobierno de esta Cámara se preparará el acuerdo corporativo habilitante, «el cual se activaría siempre y cuando la Xunta de Galicia interponga su demanda», precisa, un día antes de que las regiones se reúnan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde abordarán este asunto.
Source: ABC