El proceso de liberalización del AVE en España se ha encontrado con sus primer escollo al judicializarse. La andaluza Eco Rail, una de las empresas que optaban al concurso, ha anunciado este lunes en el Juzgado Central la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación de dos de los tres paquetes del contrato: uno ganado por la estatal francesa SNCF y otro concedido al consorcio formado por Ilsa (propiedad de Air Nostrum) y la compañía pública italiana Trinitalia. Eco Rail, de la familia cordobesa López Magdaleno, está dispuesta a dar la batalla en los tribunales para hacerse con uno de esos contratos ferroviarios.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sacó en 2019 a concurso un contrato por diez años para la liberación de la Alta Velocidad. Ofreció tres paquetes diferenciados según la frecuencia para los principales corredores: Madrid-Sevilla, Madrid-Valencia y Madrid-Barcelona.
Optaron a algunos de los tres paquetes Renfe, la pública francesa SNCF, la alianza Talgo-Globalia; el consorcio Ilsa (Air Nostrum)-Trenitalia, Globalvia y la compañía sevillana Eco Rail, propiedad de los accionistas de la empresa cordobesa Magtel, que presentó ofertas para los paquetes B y C. Magtel, con una facturación cercana a los cien millones de euros, opera en los sectores de las telecomunicaciones, renovables y minería, y quería potenciar con este concurso otra línea de negocio, para lo cual contaba con licencia ferroviaria desde 2013.
Inversión en trenes
De todas las empresas, Eco Rail, Globalvía y la alianza Talgo-Globalia no disponían de material rodante para poner en marcha el servicio desde el inicio del contrato, en diciembre de 2019. Sin embargo, Eco Rail precisa que tiene acuerdos cerrados con fabricantes de material rodante y se había comprometido en el contrato a comenzar su actividad en 2022. Para el paquete B, Magtel había comprometido una inversión de 650 millones de euros en material rodante, y para el paquete C, unos 270 millones.
Asimismo, la firma cordobesa incluyó en su oferta el compromiso de que toda la energía que consumiera procedería de fuentes 100% renovables, así como a tener en cuenta el componente social en sus contrataciones, según ha informado a ABC Juan Antonio Cuesta, director general de la compañía.
Procedimiento judicial
El pasado mes de noviembre, Adif adjudicó el 86% de la capacidad del paquete A a la empresa Renfe, el 70% del parque B a Ilsa (de Air Nostrum) y el 100% del paquete C a la pública francesa SNCF. La reacción de Eco Rail, que estaba convencida de que iba a resultar adjudicataria del paquete B o C, no se ha hecho esperar. Este lunes EcoRail ha solicitado en el Juzgado Central, a través del bufete Alemany, Escalona & De fuentes, la apertura de un procedimiento judicial por la adjudicación del concurso de Adif.
Como la compañía Eco Rail no ha solicitado al Juzgado Central medidas cautelares no está obligada a explicar los argumentos que sustentarán su recurso contencioso administrativo, aunque todo indica que una de las objeciones estará relacionada con que la adjudicataria del paquete B ha sido Ilsa, quien ha condicionado su oferta y su plan económico financiero a la formalización de un consorcio con la empresa estatal italiana Trenitalia. Ahora Adif entregará el expediente completo al Juzgado Central para que pueda consultarlo Eco Rail. Por otra parte, la filial de Magtel no descarta más adelante solicitar medidas cautelares.
Source: ABC