La Justicia de Argentina se ha introducido en las últimas semanas en la agenda electoral a raíz de la excarcelación de varias personalidades afines al kirchnerismo que se encontraban en prisión preventiva por presunta corrupción, lo que ha provocado reacciones dispares en las diferentes agrupaciones políticas.
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y el arquitecto Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007); fueron esta semana los últimos en salir de prisión, uniéndose a una lista en la que aparecen nombres como el también empresario Gerardo Ferreyra, el líder social Fernando Esteche, el exfuncionario Oscar Thomas y el exjefe del Ejército César Milani.
Todos ellos fueron puestos en libertad tras las elecciones primarias del pasado 11 de agosto -a excepción de Milani, que recibió el veredicto favorable dos días antes de los comicios- en las que el peronista Alberto Fernández aventajó por 16 puntos al presidente Mauricio Macri, lo que lo coloca como principal favorito para las presidenciales de octubre, en las que un triunfo del Frente de Todos significaría el retorno de Cristina Fernández, compañera de fórmula de Alberto y candidata a la Vicepresidencia.
Estos hechos provocaron cruces de declaraciones en el espectro político del país. Alberto Fernández aprovechó la puesta en libertad de López y De Sousa para criticar el régimen de prisión preventiva.
«Lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos. Mientras uno no es culpable, no tiene por qué ser privado de la libertad. Y sin embargo acá han privado y siguen privando de su libertad a gente innecesariamente, sin condena”, destacó Fernández.
Desde el Gobierno no han interpretado tan bien estas excarcelaciones, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que la Justicia del país es «tan independiente que parece opositora» y apuntó contra la impunidad en las causas por corrupción.
«Sí podrían disipar un esquema de impunidad sobre determinados hechos de corrupción que todos vimos. Por primera vez en nuestro país hay exfuncionarios del altísimo nivel ya condenados e incluso algunos con sentencia firme», valoró.
La mayoría de los excarcelados lo hacen por causas de corrupción -algunas de ellas relacionadas con la mediática «causa de los cuadernos»- y cumplían prisión preventiva sin una sentencia firma en base a lo que en Argentina se conoce como «doctrina Irurzún», en honor al juez Martín Irurzún, quien en uno de sus fallos definió que un exfuncionario público tenía aún el poder para intentar obstruir la Justicia.
El riesgo de entorpecimiento es, junto al riesgo de fuga, el principio que sostiene la posibilidad de prisión preventiva, una decisión que va a criterio de cada juez, según detalló este jueves a Efe el juez Irurzún.
El magistrado mantiene su posición sobe los peligros de los exfuncionarios, aunque apuesta por analizar cada caso por separado y no generalizar, y no ve en las recientes excarcelaciones un patrón que se corresponda con el clima político.
«Me da la impresión que en líneas generales, en el contexto de un país como Argentina, no veo que haya habido injerencia política, si repercusión política de los fallos, pero no injerencia», destacó.
Además, argumentó que las decisiones de los jueces no pueden ser arbitrarias y deben estar fundamentadas, por lo que defendió la independencia del Poder Judicial.
«En líneas generales el juez actúa independientemente por una razón: que tiene que fundamentar por escrito y firmar la resolución. El que ceda ante una presión política corre un grave riesgo, que el día de mañana se vea la cosa», agregó.
Este debate seguirá presente, al menos, hasta que los argentinos elijan a su nuevo presidente, y los actores políticos aguardan las decisiones de unos jueces que todavía deben pronunciarse sobre figuras como el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido (ambos condenados), el mediático empresario Lázaro Baez o la exmandataria Cristina Fernández, investigada en más de una decena de causas.
EFE / MV
Source: Informe21