Una mujer en la comuna de Quintero está pidiendo acciones legales concretas contra el municipio de esa ciudad, por lo que ella alega como mal uso de las cámaras de vigilancia que se usan para combatir la delincuencia y el comercio ambulante.
De acuerdo a lo que publicó este sábado el diario El Mercurio, las cámaras de la Plaza de Armas hace rato estaban grabando escenas íntimas que la mujer y su amante tenían en ese lugar.
Lo más grave del asunto, es que alguien con fotos sacadas por un celular a las cámaras, facilitó las imágenes al esposo de la afectada, provocando el quiebre de la relación.
Mujer pide explicaciones a Municipalidad de Quintero
La mujer al verse afectada en la violación de su privacidad, acudió a la municipalidad de la ciudad, para hacer la denuncia respectiva.
“las cámaras son pagadas por la municipalidad para brindar seguridad, pero en las imágenes no estoy haciendo nada malo, ni robando ni cometiendo algo que infrinja la ley”.
José Aguirre, abogado de la afectada estudia interponer acciones legales contra la Municipalidad de Quintero y los funcionarios involucrados por el “daño moral” causado.
“la regulación de las cámaras de seguridad de los municipios es exigua. Hay tratados internacionales firmados por Chile que resguardan la privacidad e intimidad”.
La municipalidad de Quintero ya comenzó una investigación interna para establecer responsabilidades sobre el caso.
El alcalde subrogante, Rubén Gutiérrez, se refirió al hecho.
“Estas (las cámaras) sólo pueden ser operadas por personas autorizadas que no pueden entregar imágenes sino a fiscales y policías que las requieran para las investigaciones”.
Es importante recordar en este caso lo que estableció la ley como precedente. Un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema de junio de 2016, indica lo siguiente sobre el funcionamiento de las cámaras de vigilancia, drones y otros aparatos que sean adquiridos para fines de seguridad.
“Para la adecuada operación de esta nueva herramienta de vigilancia” se debe respetar la intimidad personal, la inviolabilidad del hogar y evitar las filmaciones hacia sectores privados”; además, todo ciudadano tendrá derecho a acceder a las imágenes, las que deben ser destruidas después de 30 días.
Source: Fayerwayer