El Gobierno ha activado la precampaña con un ramillete de decretos sociales que abren fuego con vistas a los Consejos de Ministros que se sucederán cada viernes hasta las elecciones del 28 de abril. Pese a que las Cortes se disuelven en cuatro días, el Ejecutivo ha aprobado un decreto que reforma la ley del alquiler, otro que eleva a 16 semanas los permisos de paternidad para 2021 y obliga a las empresas a publicar los sueldos de hombres y mujeres, además de validar un préstamo del Estado a la Seguridad Social de casi 14.000 millones para pagar las pensiones.
Una productividad intensa en lo normativo que alargará la legislatura a través de la Diputación Permanente, que deberá convalidar estas normas que, hasta entonces, entrarán en vigor e impedirán que los grupos puedan introducir cambios y enmiendas pidiendo su tramitación como proyecto de ley. Solo el decreto de igualdad laboral que se aplica desde este miércoles tendrá un coste de 610 millones este año -que solo por la equiparación de las bajas de paternidad y maternidad hasta 2021 asciende a 1.266 millones-. Y la nueva ley del alquiler que entrará el próximo domingo dejará una paradoja a su paso: en los algo más de dos meses que llevamos de año se habrán aplicado tres leyes distintas en los contratos, síntoma de la inseguridad jurídica que advierte el mercado.
La reforma del alquiler no regula los precios, pero acota las alzas al IPC
Sobre la bocina, el Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la ley del alquiler, después de negociaciones a última hora entre Podemos y el Gobierno. El decreto se publicará hoy en el BOE y entrará en vigor mañana domingo: desde entonces afectará a los nuevos contratos que se firmen. La norma finalmente descarta regular los precios al alquiler como quería la formación morada, pero sí acota las subidas anuales: no deberán ir ligadas al IPC, pero en ningún caso podrán superar este indicador, volviendo a la redacción de la ley de 1994.
Eso sí, el decreto emplaza a las regiones a hacer índices de precios de referencia a los que vincular el mercado en un plazo de ocho meses, pero clarifica que no habrá regulación. «Estos índices, ni los que las comunidades o ayuntamientos puedan regular o desarrollar a partir de ellos, en ningún caso habilita a esas administraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler», sentencia el Ministerio de Fomento.
Además, se protege más al inquilino al ampliar la prórroga obligatoria de 3 a 5 años -o a 7 si el arrendador es persona jurídica-. Además, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización los hará frente el arrendador cuando sea persona jurídica.
Donde el Gobierno ha accedido finalmente a las peticiones de Podemos es en el capítulo de penalizaciones -en lugar de incentivos- fiscales para estimular la oferta de vivienda. Así, el Ejecutivo habilitará a las comunidades para que estas puedan definir el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que los ayuntamientos aprueben sobre los propietarios de viviendas vacías.
Este «castigo» fiscal ya estaba recogido en la ley, pero en teoría iba a ser el Gobierno el que redactara una definición de vivienda vacía para articular la medida. El recargo en el IBI a viviendas vacías existe desde 2002 y algunos consistorios lo aplican hace años, como Barcelona o Sevilla.
Por contra, el Gobierno ha dejado fuera de su reforma los incentivos fiscales previstos para los propietarios que alquilasen su vivienda barato. Solo se beneficiarán de la bonificación en el IBI los propietarios de pisos sociales.
Así, el Gobierno asume las peticiones de Podemos para imponer penalizaciones antes que bonificaciones fiscales. Una posición que chocaba con la del PDECat, cuyo apoyo también es necesario para aprobar la iniciativa. Los Administradores de Fincas de Madrid alertaron que el decreto provocará una subida de precio para las rentas bajas y una reducción de la oferta, críticas a las que se sumó Idealista.
El permiso de paternidad sube a ocho semanas desde el miércoles
El Gobierno también aprobó ayer una de las medidas clave de su agenda social a dos meses de las elecciones: la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. De esta forma, las bajas para los progenitores pasarán de 5 a 8 semanas este año cuando entre en vigor el decreto y de 8 a 12 el año que viene, para quedar en 16 en 2021. Será entonces cuando no exista diferencia entre prestaciones de maternidad y paternidad: pasarán a llamarse «prestación por nacimiento y cuidado del menor», reza el decreto.
El coste de esta medida será de 1.266 millones, como ya informó ABC. Para este año, el coste del decreto será de 610 millones, describió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El decreto se publicará el próximo martes en el BOE y entrará en vigor el miércoles.
Los permisos no serán transferibles, de forma que las dos primeras semanas los progenitores las tendrán que coger de baja al mismo tiempo que la madre -como ocurre ahora-. En 2020 serán las cuatro primeras semanas mientras que en 2021, serán las seis de inicio. Para los supuestos de adopción, las condiciones serán las mismas.
El Gobierno aprueba así un decreto clave para su agenda social a una semana de la huelga feminista del 8 de marzo, y a dos meses de las elecciones en un claro guiño político.
Asimismo, los empleados públicos no se reincorporarán con condiciones menos favorables que en el momento de acogerse a este permiso. Y se beneficiarán «de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia», recoge el decreto.
También hay una mayor protección a las funcionarias víctimas de violencia de género. Las faltas de asistencia de estas empleadas públicas tendrán la consideración de justificadas por el tiempo, si lo determinan los servicios de salud. Asimismo estas empleadas públicas, tendrán derecho a la reducción de jornada con la correspondiente reducción de retribución.
Préstamo de 13.830 millones para pagar las pensiones
El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de un nuevo préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para garantizar el pago de las pensiones en este año y, en particular, de las dos pagas extraordinarias de verano y Navidad, tal y como había adelantado este periódico. Este crédito está consignado en la ley de Presupuestos para 2018 que actualmente está prorrogada, según explicó ayer Trabajo. Por ello, su importe es el mismo que se utilizó a lo largo del año pasado.
Del total del dinero prestado, la Seguridad Social utilizará 7.500 millones con fecha límite del 1 de julio para abonar la nómina doble de más de 9,7 millones de pensiones que en junio perciben la paga ordinaria y extraordinaria.
Los 6.330 millones restantes del préstamo se utilizarán con fecha límite del 1 de diciembre para abonar las pagas ordinaria y extraordinaria en el mes de noviembre.
El Ejecutivo crea un organismo que anticipe y ataje las crisis
El Gobierno aprobó ayer la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera , organismo independiente integrado por el Ministerio de Economía, el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, y cuya misión será alertar a tiempo de desequilibrios y riesgos para la estabilidad financiera y tomar medidas.
La institución, que ya existía en otros países y que organismos como el FMI llevaban tiempo reclamando a España, analizará los posibles amenazas para la economía y el sistema financiero, hará alertas tempranas sobre estas y formulará recomendaciones a los supervisores sobre las medidas a tomar para mitigarlas.
Para ello, el Ejecutivo amplió ya el pasado diciembre el catálogo de herramientas macroprudenciales en manos de los supervisores. Así, por ejemplo, se autoriza al Banco de España a limitar la exposición de los bancos a sectores como el ladrillo y la concesión de hipotecas.
Las empresas deberán publicar los salarios de los hombres y mujeres
El Gobierno aprobó ayer el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, que contempla la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo, como avanzó ABC. A dichas tablas salariales se podrá tener acceso a través de la representación sindical o personal, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, que abogó por «igual trabajo, igual salario».
«Muchas mujeres no conocen cuál es la discriminación salarial en la que están al no conocer la retribución del resto de los trabajadores», dijo defendiendo esta medida en aras de la transparencia.
«El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor», según recoge el decreto-ley.
Por su parte, la CEOE, CC.OO. y UGT criticaron ayer este plan de igualdad salarial. CC.OO. lo calificó de «oportunista» por la cercanía del 8 de marzo, y denunció que muestra «muy poco respeto al diálogo social y la voluntad real de negociación en la mesa que la propia Carmen Calvo convocó hace un mes».
La patronal subrayó que por ser una cuestión de tal importancia, «los empresarios no comparten que se utilice un real decreto, cuya aprobación va a recaer en la Diputación Permanente del Congreso».
También critican que el decreto «establece unas obligaciones burocráticas y de gestión que dificultan la organización interna de las empresas al tiempo que representa mayores costes, que pueden redundar en menos empleo para mujeres y jóvenes».
Source: ABC