El consorcio en el que participan FCC y Acciona para construir la terminal del nuevo aeropuerto de Ciudad de México fue notificado de la suspensión temporal de la obra. Mediante una carta, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) -la entidad pública encargada de la obra- informó al grupo de empresas que deben de frenar la construcción del proyecto presupuestado en 84.828 millones de pesos (unos 3.800 millones de euros), según publica hoy el diario «Reforma».
La noticia se produce justo durante la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a México para fortalecer las relaciones bilaterales. En su visita del miércoles, Sánchez se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y discutieron los intereses de las empresas españolas en el país latinoamericano, donde España es el segundo mayor inversor después de Estados Unidos. «Hemos platicado sobre el tema del aeropuerto», dijo López Obrador, «hay entendimiento y comprensión acerca de la política que seguimos», añadió el mexicano.
El nuevo Gobierno de México -que inició el 1 de diciembre de 2018- canceló a inicios de enero la construcción de la mega obra de 11.400 millones de euros en la que participaban otras empresas españolas, como Sacyr y Aldesa. Sacyr había firmado un contrato por 62,5 millones de euros para realizar la cimentación el aeropuerto, mientras que Aldesa era parte de un consorcio para construir la torre de control por unos 53 millones de euros.
Por el momento, el GACM ha cancelado 10 de los 450 contratos otorgados mediante licitaciones públicas, lo que representa aproximadamente el 85% de todos los trabajos de construcción firmados para edificar la obra. La entidad, sin embargo, no ha detallado qué acuerdos fueron terminados, aunque el contrato de la terminal representa el 33% del presupuesto total del aeropuerto.
Con respecto al contrato del consorcio para construir la terminal de FCC y Acciona, controlado por el Grupo Carso del empresario Carlos Slim, el GACM ha puesto el acuerdo en suspensión temporal hasta que defina cuál será el futuro del proyecto, ya que México se encuentra en un proceso de recomprar los más de 7.500 millones de dólares que emitió en los mercados para financiar el proyecto. El objetivo de López Obrador es recomprar toda la deuda para, así, evitar cualquier tipo de demanda por violación de contrato por parte de los inversores.
De un lado se encuentran unos 6.000 millones de dólares que emitió en bonos y que fueron adquiridos por inversores internacionales para financiar la obra. De este paquete, el país ha llegado un acuerdo para recomprar 1.800 millones de dólares. Por otro lado, el gobierno mexicano planea recomprar en febrero los 30.000 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) que obtuvo en marzo de 2018 por la venta de certificados bursátiles a través de un tipo de instrumento financiero llamado Fibra E.
La obra está completada al 30% y comenzó en febrero de 2015 durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). No obstante, López Obrador dejó el futuro proyecto en manos de los ciudadanos mediante un referéndum en octubre de 2018. Aproximadamente el 69,9% de los votantes optaron por suspender la obra, aunque apenas 1,7 millones de mexicanos (un 1,9% del censo electoral) participaron en la votación. Pocos días después López Obrador prometió acatar el resultado obtenido en las urnas y cancelar la construcción de la gigantesca obra.
Source: ABC