Es la segunda vez que España se salva de un recorte prácticamente seguro en los fondos de cohesión de la Unión Europea. Si se hace caso a la propuesta de la Comisión Europea para el periodo que va de 2021 a 2027, la cifra podría incluso mejorar en parte los fondos actuales, en un entorno particularmente difícil, porque la retirada del Reino Unido como contribuyente y la entrada de nuevas políticas muy ambiciosas por parte de la Comisión Europea hacen prever una situación muy poco propicia para ello. Pero una nueva fórmula diseñada para el reparto de los fondos podría cambiar las cosas para España.
Que pueda salir beneficiada en el reparto de los fondos de cohesión no quiere decir que todo vaya a ser de color de rosa en el resultado final, porque se esperan recortes en otros campos, como la política agrícola (PAC) pero aumentos en políticas medioambientales. En estos presupuestos plurianuales va a ser muy complicado comparar cifras con periodos anteriores, porque aparecen nuevos conceptos como son las políticas de protección de fronteras y de inversiones en tecnología de defensa.
La propuesta actual de la Comisión, que aún debe ser discutida por los países, atribuye 330.624 millones de euros en total para este capítulo. Se dividen en 200.629 millones para Fondos Estructurales y Regionales, 41.349 millones para el Fondo de Cohesión y 88.646 millones para el Fondo Social Europeo. Gracias a la nueva fórmula para distribuir esos fondos, España recibirá 34.000 millones, el 10,2 % del total, lo que convierte a nuestro país en el tercer mayor beneficiario en términos absolutos, sólo por detrás de Polonia, que recibirá 64.396 millones, e Italia, con 38.564 millones.
Polonia sigue siendo el país receptor por antonomasia, aunque desde el punto de vista relativo pierde parte de los fondos que recibía, debido precisamente a la innovación técnica de la Comisión.
Nuevas variables
En efecto, en lugar de calcular la distribución de los fondos teniendo en cuenta la población en términos absolutos, el ejecutivo comunitario ha añadido otras variables, que incluyen, por ejemplo, el nivel de desempleo, o la contribución que han hecho (o que han dejado de hacer) en el espinoso problema de la acogida de refugiados. Algunos han considerado incluso que se trata de una represalia política a la actitud de ciertos gobiernos del este de Europa que han sido objeto de la solidaridad comunitaria desde antes de su ingreso a la UE pero que en los últimos dos años han rechazado frontalmente hacerse cargo de su parte en el reparto de responsabilidades en la crisis de los migrantes. Eso explicaría también que Italia haya recibido un tratamiento ventajoso en esta propuesta.
Hay que tener en cuenta que la discusión apenas acaba de empezar y que al final tiene que haber un acuerdo que incluya la unanimidad de los 27 países miembros y del Parlamento Europeo. El hecho de que se prepare un marco financiero tan a largo plazo se debe a la voluntad de evitar tensiones dramáticas en las negociaciones que se repetirían cada año. También se pretende mantener una continuidad en la acción, más allá incluso de las legislaturas políticas. Esta Comisión de Jean-Claude Juncker ha trabajado los cinco años con las cuentas que le habían preparado en tiempo de José Manuel Barroso y las que aprueben ahora las gestionará su sucesor.
Recortes en la PAC
Si España aumenta relativamente sus ingresos en el capítulo de los fondos estructurales (un 5%) no sucede lo mismo en el caso de la política agrícola, en la que la Comisión ha previsto un presupuesto de 365.000 millones de euros, que equivale a un 5% de reducción respecto al vigente. España, Francia, Portugal, Irlanda y Finlandia han enviado una carta a la Comisión en la que notifican su intención de oponerse a esos recortes. Este viernes, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, dijo que su propuesta «respeta el compromiso de la Comisión de modernizar y simplificar la PAC mediante la introducción de una verdadera subsidiariedad para los Estados miembros, garantizar que el sector agrícola europeo sea más resistente y aumentar la ambición ambiental y climática de la política». Para España, la palabra subsidiariedad significa renacionalizar la PAC, es decir, devolver al presupuesto de los países el gasto de muchas de las subvenciones.
El segundo espaldarazo
En 2007 fue el efecto estadístico provocado por el ingreso de los nuevos países del Este, que redujo sustancialmente la renta media y convirtió de repente a España en un país relativamente más rico. Las negociaciones empezaron entonces con el horizonte de que España sería por primera vez contribuyente neto. Pero la Comisión admitió la perversidad de esa paradoja contable y palió el descenso de los fondos estructurales, de modo que durante la crisis que vendría después fueron un elemento de alivio.
Ahora vuelve a haber una decisión clara de apoyo a España por otras razones, pero no excluye que en otros capítulos haya reducciones. Los expertos recomiendan centrarse sobre todo en los nuevos campos en los que la Comisión quiere entrar con su presupuesto, especialmente en las inversiones en nuevas tecnologías.
Source: ABC