Miles de jubilados volvieron a protestar en las calles de más de 40 ciudades españolas el pasado jueves pidiendo que las pensiones subieran más de un 0,25%. Ante la petición del PSOE de vincular la revalorización de las prestaciones por retiro a la evolución de los precios, que acabaron en 2017 en el 1,6% si bien en el año subieron un 2%, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tachó la idea de «anticuada». «El IPC ya no puede ser referencia», explicó el ministro a la entrada del Premio Emprendedor del Año. En su lugar, apostó por vincular la subida de las pensiones al crecimiento de la economía, como pretende hacer con los salarios de los empleados públicos.
¿Cómo se calcula ahora en España la subida anual de las pensiones? La reforma de 2013 introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones, que calculaba la revalorización que correspondía tomando los gastos e ingresos de los últimos cinco años y las previsiones de los cinco siguientes. El Índice de Revalorización para 2017 hubiera arrojado un recorte de las pensiones del 2,96% en base a las cuentas de la Seguridad Social. Para proteger a los jubilados, la reforma de 2013 fijó en los casos de que el resultado fuera negativo, un mínimo del 0,25% en época de números rojos en la Seguridad Social, además de un máximo de incremento del IPC más un 0,5% en época de vacas gordas. Como el sistema tiene un déficit próximo a los 18.000 millones de euros, desde 2014 las pensiones se han revalorizado el mínimo del 0,25%.
Desde 1997 hasta 2013 se actualizaba con el dato de inflación de noviembre. Solo en dos ocasiones anteriores esto no había sido así: en 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas, mientras que en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy las subió un 2% para los que ganan hasta mil euros mensuales y un 1% para los que perciben mayor pensión.
¿Es cierto que vincular las pensiones al IPC es «anticuado»? Según el informe de la Comisión Europea «The 2018 Ageing Report» publicado el pasado mes de noviembre, solo cinco países en la UE ligan exclusivamente la subida de las pensiones a la evolución de los precios: Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica (que también recoge el coste de la vida del país). La mayor parte de los estados miembros cuentan con sistemas mixtos que toman varios indicadores de referencia a la hora de revalorizar las pensiones, normalmente salarios, precios y PIB. En 11 de 29 países de la UE (los 28 comunitarios y Noruega), el sistema se basa en una mezcla de la evolución de los salarios y de los precios. Este es el modelo que funciona en la mayor parte de los países del Este y Norte de Europa: Finlandia, Polonia, República Checa, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Chipre, Bulgaria, Rumanía (hasta 2030) y Malta.
El Producto Interior Bruto es un factor que influye en tres países europeos, en ninguno de ellos de forma exclusiva, sino como un componente variable. En Reino Unido, el Gobierno se comprometió a incorporar un índice en base al PIB, los salarios y los precios, si bien no se aprobó por Ley, por lo que hasta entonces se suben las pensiones según el mayor de los siguientes valores: aumento de salario medio, inflación o 2,5%. En Portugal y Grecia rige un indicador conjunto de precios y PIB.
En ningún país se toma de referencia exclusivamente un índice de revalorización como el de España, que es el único estado en el que ni los precios ni los salarios influyen en el incremento anual de las pensiones. En Alemania, junto a un factor de sostenibilidad que toma en cuenta la variación del número de cotizantes en relación con el número de jubilados, también se mira la evolución de los salarios. En cinco países (Noruega, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Lituania) los sueldos son la variable única que decide la revalorización de la pensión.
Años de cálculo para la pensión
Asimismo, al tomar en cuenta los años que influyen en el cálculo de la pensión, solo Francia y Malta tienen un régimen más beneficioso que el de España, donde se recogen los últimos años de vida laboral –en 2013 se abrió un periodo progresivo desde 15 años a 25 en 2022, de forma que en 2018 son los 21 últimos años–. En Francia se toman los 25 mejores años cotizados, mientras que en Malta se cogen los diez mejores, es decir, aquellos ejercicios de mayor sueldo para así calcular la pensión correspondiente.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propuso modificar este punto para que los trabajadores con largas carreras pudieran elegir de forma voluntaria entre toda la vida laboral o los últimos años de cotización. Normalmente, los últimos años de vida laboral son los de mayor sueldo, pero con la crisis muchos empleados de mediana o elevada edad fueron despedidos y se hicieron autónomos, cotizando por menos. Esta medida sería un guiño a estos trabajadores, limitada a aquellos que tuvieran derecho al 100% de la pensión.
Source: ABC