El Gobierno creará un registro público para controlar la contratación de servicios de Uber y Cabify

El Gobierno pondrá coto a la actividad de Uber y Cabify. El Ministerio de Fomento se encuentra ultimando un «catálogo de medidas urgentes» para controlar y restringir los servicios de transporte de vehículos con conductor (las denominadas licencias VTC, con las que operan estas plataformas), en pleno enfrentamiento con el taxi. El departamento dirigido por Íñigo de la Serna señala que se dispone a «iniciar urgentemente la tramitación de una nueva disposición normativa», con rango de real decreto, para «garantizar una convivencia ordenada y equilibrada entre ambos sectores».

Una de las principales medidas consistirá en prohibir la compraventa de licencias VTC «durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original». Con ello, el equipo de Íñigo de la Serna pretende disuadir «a aquellos que hayan solicitado licencias únicamente con fines especulativos y con el fin de operarlas». El Ejecutivo ya avanzó esta propuesta a finales del pasado mes de junio para frenar la «burbuja» que según sus cálculos se estaba creando en el mercado de VTC.

Lo cierto es que la proliferación de estas licencias, otorgadas por los tribunales debido a un vacío legal, ha sustentado el crecimiento de la actividad de empresas como Uber y Cabify. Según ha advertido en distintas ocasiones el sector del taxi, este «boom» ha provocado que en el mercado secundario una concesión de vehículo con conductor se llegue a intercambiar por 60.000 euros.

Las medidas de Fomento no solo buscarán frenar esta especulación. También buscarán incrementar el control sobre la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor. El Ministerio ha anunciado este viernes que se creará un registro electrónico público en el que «deberán registrarse los servicios de VTC de manera previa a su prestación».

De este modo, el Gobierno quiere «garantizar la exigencia del requisito de contratación previa que rige para este tipo de vehículos» y evitar, así, que los servicios de Uber y Cabify «capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de concentración y generación de demanda, como son los puertos, los aeropuertos o las estaciones ferroviarias».

Esta ha sido una de las principales reivindicaciones del sector del taxi, que ha acusado a Uber y Cabify en repetidas ocasiones de realizar captación de clientes en la vía pública. «Las hojas de ruta inválidas, el exceso de servicios fuera de la comunidad autónoma de origen o el establecimiento de paradas clandestinas forman parte de su “modus operandi” habitual y así nos lo han manifestado las administraciones de muchas comunidades», sostiene Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.

Paralelamente, el Gobierno reforzará «el cumplimiento de los actuales requisitos de las autorizaciones de VTC». La Administración también confía en que estas exigencias, que no se modificarán con el real decreto, permitirán que se respeten las condiciones de estas autorizaciones en los casos en los que las licencias se hayan logrado mediante sentencia judicial y no por la habitual tramitación administrativa. Según fuentes del sector, todavía está previsto que se concedan por esta vía unas 10.000 concesiones de VTC.

El Ejecutivo ha destacado todas las medidas complementarias dirigidas al sector que ya ha puesto en marcha, como su inclusión en el plan de ayudas para la compra de vehículos de energías alternativas (coches eléctricos, autogás, etcétera), el hecho de que el Gobierno se haya personado en los «procedimientos judiciales más importantes donde se ha impugnado la denegación de licencias VTC en aplicación de la normativa estatal» y el procedimiento para establecer «matrículas diferenciadas» para los taxis y los vehículos VTC, con el fin de «frenar el intrusismo y la piratería en el sector».

10.000 servicios sin cubrir
Eduardo Martín, presidente de la patronal de Uber o Cabify (Unauto) considera que estas medidas suponen una «concesión en virtud del monopolio que tiene instaurado el taxi que va a favorecer la especulación de sus licencias». «El Ejecutivo está cediendo a las presiones violentas», asegura.

Hay que recordar que los enfrentamientos entre el sector del taxi y las VTC se han recrudecido en los últimos meses. El último episodio se produjo en Málaga, donde el propio Martín fue agredido por un grupo de taxistas durante la huelga que convocó el gremio para protestar contra el refuerzo de vehículos de Cabify durante la Feria.

Respecto al registro propuesto por Fomento, Martín sostiene que es un «atropello» contra la intimidad de los clientes de VTC y que no evitará que se produzcan infracciones. Según los cálculos que maneja Unauto, las empresas de VTC no necesitan hacer captación de clientes porque ni siquiera cubren la demanda de clientes que posee.

«En Madrid actualmente se quedan sin cubrir unos 10.000 servicios al día porque no existe una flota suficiente de vehículos», explica Martín.
Source: ABC

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