Si normalmente los consejeros se dividen por color político, en esta ocasión la financiación levantó las trincheras entre comunidades que pueden salir ganando o perdiendo. El consejero de Aragón, Fernando Gimeno, abogó por «poner más ingresos sobre la mesa» y abogó por que «ninguna comunidad tiene que perder». El valenciano, Vicent Soler, señaló que le gusta «la música» del informe de los expertos ya que rompe «tabús del pasado». Pese a compartir partido, el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha expresado «radicalmente en contra» de la argumentación sobre la ordinalidad del informe de la financiación. En general, todas instaron al Gobierno a liderar la reforma del sistema, que se antoja difícil con el actual escenario político.
Pese a que la reunión duró más de tres horas y el orden del día estaba trufado de asuntos, el CPFF se antojaba plácido. Debía aprobar los objetivos de déficit individuales de las comunidades autónomas de 2018 a 2020. La propuesta de Hacienda, de metas del 0,4% el año que viene, 0,1% en 2019 y 0% en 2020 para todas, era conocida tras el anterior encuentro y se impuso. En la anterior reunión el Ejecutivo había flexibilizado en una décima las metas de déficit de 2018 y 2019.
Así, la votación era un trámite: todas las comunidades socialistas, incluida Extremadura que se abstuvo en el anterior CPFF y ahora pedía un objetivo diferente al resto, se opusieron a la propuesta de Hacienda. Hubo 9 votos en contra, de las socialistas Andalucía, Aragón, Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias junto a Cantabria y Cataluña, que votó a través de su consejero de Justicia, Carles Mundó. La propuesta se salvó por Canarias y las siete del PP: Madrid, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Galicia, Ceuta y Melilla. Pese a esta minoría, el Gobierno solo necesita el voto favorable de una comunidad para que se imponga su propuesta.
Además, Hacienda anunció las entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación que las comunidades autónomas recibirían en 2018. Se tratan de unos 5.000 millones más que el año pasado. Junto a ello, se aprobaron los objetivos de deuda pública para este periodo, además de los planes de ajuste o económico-financieros presentados por nueve comunidades –Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Valencia, Aragón, Canarias y Extremaduras–. Asimismo, se debatió la propuesta de reforma de la forma de medir la morosidad pública, el periodo medio de pago a proveedores, a instancias de Bruselas.
Source: ABC