Un manifestante desafía a la policía antidisturbios venezolana, durante una protesta en Caracas. FEDERICO PARRA |AFP
La agenda de la oposición para esta semana está lista. Hoy se concentrarán desde la mañana en la Plaza Brión de Chacaíto. Entre el martes y el miércoles, la mayoría opositora debatirá en la plenaria de la Asamblea Nacional con distintos gremios mientras recogen firmas en las calles para presionar por la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como último punto del programa, habrá una marcha general el 19 de abril.
El gobierno de Nicolás Maduro, entre tanto, insiste en que la oposición quiere “llenar las calles de sangre” y que los disturbios ocurridos en las marchas de la semana pasada fueron intencionales. La polarización es evidente: el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, fue sancionado por la Contraloría nacional por supuestas “irregularidades administrativas”, lo que trunca su carrera presidencial para 2018.
Su sanción repercute en el vínculo ya agrio entre la oposición y el oficialismo, marcado por la carencia de efecto de las decisiones que toma la Asamblea Nacional. Sin un Parlamento activo y con un oficialismo al que acusan de cooptar las instituciones en teoría independientes, cientos de venezolanos opinan que viven en una dictadura.
El enfrentamiento ha sobrepasado la política doméstica. Este domingo, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, criticó al presidente argentino, Mauricio Macri, por sus señalamientos hacia el gobierno de Maduro: “No tiene moral alguna para hablar de Venezuela”, dijo.
Colombia, por su parte, ha cambiado de manera paulatina su posición hacia el gobierno vecino: ante la decisión del TSJ de tomar los poderes del Parlamento (de lo que desistió días después), Colombia aseguró que se había roto “el orden democrático”. Rodríguez lo rechazó y lo tachó como una “injerencia” en los asuntos nacionales.