Un grupo de tenedores de bonos de Banco Popular ha presentado este jueves recursos legales ante el Tribunal General de la Unión Europea, con esto pretenden conseguir la anulación de la resolución de la entidad que fue vendida a Banco Santander por el precio simbólico de un euro. A partir de ese momento todas sus acciones obtuvieron una valoración nula y en el proceso los bonistas del banco perdieron toda su inversión. La decisión fue tomada por la Junta Única de Resolución (JUR) y posteriormente apoyada por la Comisión Europea.
Según la firma representante de los bonistas, la presidenta de la JUR, Elke König, infringió el secreto profesional cuando afirmó en los medios que se que se estaban haciendo un seguimiento de la entidad. Tras este anuncio, las acciones de la empresa cayeron en picado en bolsa y se agravaron las fugas de depósitos. Este último es el principal motivo de la resolución del banco, tal y como afirmaba el BCE en la evaluación que hizo pública este lunes, ya que provocó la pérdida de liquidez que hacía inviable que el banco siguiese haciendo frente a sus responsabilidades y pago de sus deudas. En la evaluación publicada el BCE afirma que «la pérdida de depósitos a partir del 31 de mayo es especialmente relevante y se produce cuando los medios divulgan que el banco se podía enfrentar a una resolución…».
Richard East, representante de los bonistas, culpa a la JUR de las afirmaciones en los medios y afirma: «Dado el impacto negativo de las filtraciones, confirmado por el BCE, es sorprendente que ni la JUR ni la Comisión Europea hayan puesto en marcha una investigación independiente y transparente». Achaca también a la JUR falta de transparencia y ocultación de documentos por no querer hacer público el informe de Deloitte, que valoró el banco entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos, en el que se apoyó para tomar la decisión. Los representantes califican este informe de «precipitado» al igual que la decisión de la Comisión Europea.
Acusa, además, a la CE de «incapacidad para evaluar el mecanismo de resolución de la JUR» y de «infringir su obligación legal de llevar a cabo una valoración y un análisis adecuado y satisfactorio sobre la decisión de la JUR».
Source: ABC