La mayoría de los organismos nacionales e internacionales han minimizado el impacto económico de la crisis política catalana tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El último, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha mejorado la previsión del PIB para España. Ahora bien, eso no quiere decir que esa incertidumbre no haya tenido o vaya a tener efectos negativos sobre la actividad en la región, incluso a medio plazo. El presidente de Banco Sabadell, José Oliu, ha advertido este miércoles de una disminución de la inversión extranjera, la formación bruta de capital y el turismo de lujo en esa autonomía, y de «un empantanamiento» de la situación política.
«La normalidad ha vuelto al banco, no a Cataluña», ha dicho en un encuentro con periodistas en Alicante previo a la junta general de accionistas de la entidad y durante el cual ha reclamado «que Cataluña vuelva a la normalidad constitucional con el nombramiento de un presidente de la Generalitat y por tanto el fin de la aplicación del 155». La situación ahora mismo en esta comunidad, según ha descrito, «es de empantanamiento». «Esto tiene un efecto limitado en la economía, pero sí hay un gradiente negativo, un potencial menor de crecimiento en cuanto a formación bruta de capital, inversión extranjera y turismo de cierto nivel social», ha advertido el primer ejecutivo del banco, que este jueves celebra su primera junta en Alicante tras el cambio de domicilio social. «No fue una decisión política, sino técnica», ha insisto Oliu, quien ha reiterado que tras ese movimiento y la aplicación del 155 se frenó la salida de depósitos en las sucursales.
Más allá de la asamblea de accionistas, el Sabadell se encuentra ahora mismo en la integración en su plataforma tecnológica de TSB, banco británico que adquirió hace ahora tres por 2.300 millones de euros. Esa migración, que se ha retrasado seis meses más de los previsto y le ha supuesto un coste extra de 92 millones de euros, le generará unas sinergias de costes de 184 millones. El consejero delegado del grupo, Jaime Guardiola, ha adelantado además que el Sabadell pujará en Reino Unido por negocio separado («spin off») del Royal Bank of Scotland (RBS) que ha fracasado y cuya venta recibirá subvenciones del Gobierno británico. Se trata, por un lado, de un fondo con 750 millones para impulsar el negocio de pymes, y por otro de una cartera de clientes de ese «spin off» que recibirán incentivos económicos para irse a otros bancos.
Venta de ladrillo
«No estamos en modo de consolidación o adquisiciones, ni en España ni en Reino Unido», ha dicho Oliu, zanjando así cualquier rumor su posible fusión con Bankia u otras entidades, asegurando incluso que una operación corporativa cogería ahora mismo al Sabadell «a contrapié» ya que está intentando consolidar su modelo de negocio y abordando su transformación digital y comercial. Más aún, en línea con las recientes declaraciones del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, Oliu no ha cerrado la puerta a que el Gobierno pueda aplazar más allá de 2019 la privatización total de Bankia si así se mejora el precio de venta y se aumenta la recuperación de ayudas. «No lo veo ni bien ni mal, es una decisión que tiene que tomar el Estado en función de su objetivo de maximizar la recuperación de ayudas. No es demasiado fácil. Es contradictorio tratar de venderla rápido y maximizar la recuperación de ayudas», ha dicho.
Otra de las tareas urgentes en la que trabaja el banco es el saneamiento definitivo de su balance. Entre los objetivos que se ha fijado la dirección del Sabadell en su nuevo plan estratégico a tres años, de aquí a 2020, está el de reducir sus activos improductivos, que ahora superan los 15.000 millones de euros, en unos 6.000 millones, unos 2.000 al año. Para ello, y junto con las ventas minoristas de inmuebles adjudicados, el banco tienen en el mercado para la venta a inversores institucionales dos carteras, una de 900 millones de créditos fallidos y otra de 2.300 millones de activos adjudicados. Además ha comenzado a sondear la enajenación de otras dos de activos tóxicos, una de 5.000 y otra de 2.500 millones.
Source: ABC