Los taxistas de Portugal han decidido convocar una gran movilización a las puertas del Parlamento el próximo 11 de septiembre para protestar por la llamada «Ley Uber», que entrará en vigor a final de año después de haber sido promulgada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.
El colectivo considera que las instituciones les han dado la espalda y se han posicionado a favor de las plataformas digitales Uber, Cabify y Taxify (que no opera en España). En consecuencia, la guerra está servida al otro lado de la frontera porque la Federación Portuguesa del Taxi (FPT) se ha negado a claudicar y, tras una reunión de urgencia este jueves 2 de agosto, anuncia su intención de llegar hasta el Tribunal Constitucional, si es necesario.
El objetivo de la concentración frente al Parlamento no es otro que persuadir a los diputados para que suspendan la ley, una tarea mucho más complicada una vez que Rebelo de Sousa ha terciado en el asunto y sancionado el diploma.
Según ha manifestado un portavoz de la FPT, «esta ley va a destruir el sector del taxi». Su indignación se basa en que regulariza estos servicios de transporte que eluden impuestos únicamente vigentes para los negocios físicos, por los que los desdeñan por «competencia desleal».
Calendario de reuniones
Al no existir comunidades autónomas (ni nacionalismos) en Portugal, ese componente no entra en juego y marca una diferencia respecto a la situación en España. Sus planes pasan por un calendario de reuniones en Lisboa, Oporto, Braga y Faro (las cuatro principales ciudades del país) de cara a calentar motores para la concentración a la vuelta de las vacaciones.
Solo se desconvocará la protesta del 11 de septiembre «si se produjeran alteraciones en la legislación», que contempla el pago de un 5% del importe de cada trayecto al Estado.
Otras medidas que establece son la obligatoriedad de un curso de formación para los conductores y la concesión de nuevas licencias para distribuir entre los nuevos operadores, que deberán incorporar al personal a través de contratos en toda regla. La normativa llevaba meses dando vueltas por los pasillos del Parlamento y por el Palacio presidencial. El veto inicial quedó superado después de una serie de modificaciones.
La situación en Portugal va a jugar en contra de las pretensiones de los taxistas españoles, que ven establecerse súbitamente un precedente contrario a sus intereses, sobre todo porque la no regulación de estas plataformas no se contempla en ningún país, tal cual acontece en otros sectores.
Eso sí, las movilizaciones al otro lado de la frontera no parecen haber tomado un cariz tan tenso como en Madrid o Barcelona. Al menos, de momento.
Pero los ánimos se hallan exaltados y la FPT mira a España para sentirse arropado en sus reivindicaciones, que tienen intención de trasladar personalmente a Marcelo Rebelo de Sousa en una audiencia solicitada a la mayor brevedad. Será Carlos Ramos, presidente de la Federación Portuguesa del Taxi, quien tome la palabra en ese hipotético encuentro, que se prevé sea aceptado por el presidente en los próximos días.
Source: ABC