Los inversores aplaudieron la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque veían en ese instrumento una solución al desafío secesionista. De hecho, la mayoría de analistas empezaron a fijar el impacto económico del «procés» en el rango bajo de sus previsiones al augurar una pronta solución. Sin embargo, la renovada mayoría parlamentaria de los secesionistas y la sensación de haber vuelto a la casilla de salida generan de nuevo incertidumbre. Bancos de inversión, agencias de «rating» y expertos avisan de que una prolongación de esta crisis política afectará negativamente a la evolución macroeconómica de Cataluña y del conjunto de España.
Tras tres años de recuperación económica, el Ejecutivo confiaba en que ya este año Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch elevarían la nota de la deuda soberana al aprobado («A»). «Estoy convencido de que van a subirla en los próximos meses», dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, días antes del 1-O. Luego, bancos de inversión como Barclays auguraron una mejora de la calificación ante un eventual triunfo constitucionalista el 21-D.
La victoria por escaños de Junts per Catalunya y ERC ha supuesto un jarro de agua fría. Moody’s advirtió ayer en un informe de que ese resultado es negativo para el crecimiento y la calificación crediticia de Cataluña y España, detallando que las perspectivas para la región se deteriorarán aún más y arrastrarán a la economía nacional. Un comunicado que enfría las perspectivas de una mejora del «rating» a corto plazo.
A la espera de previsiones
El temor es un enquistamiento de la situación al «no resolverse las tensiones políticas entre la región y el Gobierno central», como señala la firma, que se acabe trasladando al crecimiento económico, la consolidación fiscal y la creación de empleo. «Sin una solución apropiada, las mejoras del rating van a ser difíciles y los argumentos para invertir en España se cuestionarán cada vez más», alertan los analistas de Merrill Lynch.
Los pronósticos del Banco de España apuntaban a que la crisis catalana, según su evolución, restaría entre 0,3 y 2,5 puntos porcentuales al PIB nacional en 2018. Y los de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) quitan entre 0,4 y 1,2 puntos. Es decir, cuanto más se prolongue, el impacto negativo será mayor. Ayer, desde la institución dirigida por José Luis Escrivá señalaron que es pronto para medir el impacto de la nueva situación resultante de las elecciones del jueves.
«Esta situación probablemente suponga una ralentización en el mejor de los casos y un freno en el más probable al crecimiento de dicha región», dice el analista de XTB Javier Urones. La Airef ya estima que el PIB de Cataluña en este cuarto trimestre avanzará solo un 0,5%, casi la mitad de lo previsto inicialmente.
Moody’s recuerda además que los independentistas, al estar volcados solo en su hoja de ruta secesionista, seguirán desatendiendo el saneamiento de las cuentas públicas de la Generalitat. Eso sí, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó ayer que el lunes se retomará la negociación de los Presupuestos para 2018, interrumpida precisamente por la crisis catalana, y desligó el hecho de que salgan o no adelante de la situación política.
A partir del 1-O la economía catalana ya sufrió un significativo deterioro de la inversión, perdió turistas y sigue sorportando un goteo de salidas de compañías. Ayer el Ibex, aunque amaneció con un decensó del 2%, cerró la sesión con una caída del 1%. Los valores más castigados por el conflicto político en Cataluña fueron de nuevo los bancos con mayor exposición a esa región: el Sabadell se dejó un 3,43% y Caixabank un 3,6%.
Pese a todo, la victoria en votos de Ciudadanos es vista por los empresarios consultados por ABC como cierta garantía de certidumbre ante la mayoría parlamentaria secesionista, al entender que frenará la vía unilateral. «Estos días los independentistas tienen que vender públicamente su victoria en escaños, pero su discurso se moderará», señalan desde una de las principales compañías de Cataluña.
Desde otra empresa apuntan además que el descalabro electoral de los radicales de la CUP debería permitir que Junts per Catalunya y ERC abandonen la unilateralidad y acaten de nuevo la ley. Visión que comparten en Barclays: «Es el único de los tres partidos proindependencia que aún insiste en un camino unilateral; JpC y ERC han señalado su voluntad de establecer un diálogo político con el Gobierno central», dicen.
Source: ABC