El Gobierno socialista quiere derogar, con el apoyo de los sindicatos, algunos puntos muy importantes de la reforma laboral del PP de 2012 y modificar determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores para, entre otras cuestiones, implantar un registro de entrada y salida de los empleados en las empresas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto, para recuperar su deteriorada imagen, a sacar adelante estas medidas aún sin el respaldo de la patronal, lo que dinamitaría el diálogo social.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha vuelto a insistir hoy en obligar a las empresas a instalar mecanismos de registro de jornada con el argumento de que gran parte del fraude laboral que se da en España tiene su origen en la prolongación de las horas de trabajo que, o se pagan «en negro», o simplemente no se abonan como horas extra.
Esta explicación, que es compartida por CC.OO. y UGT, ha sido duramente criticada por la patronal porque «ya existen mecanismos de control horario» y supone «un cambio hacia lo antiguo». Para los empresarios, el registro horario propuesto por el Ejecutivo aumenta la burocracia y los costes empresariales, tiene problemas reales de aplicación, elimina las medidas de flexibilidad interna y de conciliación y es de muy difícil aplicación para las pequeñas y medianas empresas.
Otro asunto muy importante que Trabajo y los sindicatos quieren volver a implantar, al margen de la CEOE, es la ultraactividad (prórroga de un convenio cuando acaba su vigencia), que la reforma laboral limitó a un año. También darán prioridad a los convenios sectoriales sobre los de las empresas, al contrario de lo que recoge ahora la legislación.
Asimismo, y también con la opinión en contra de la patronal, recuperarán el subsidio para mayores 52 años y la obligación de que
las subcontratas adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal.
para derogar aspectos centrales de la reforma laboral que permitan restablecer la ultraactividad (vigencia ilimitada) de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Añadió que la patronal no se ha sumado a un acuerdo que incluye la recuperación del subsidio para mayores 52 años y la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal.
Vicente instó al Gobierno a que utilice «de manera inmediata» cualquier vía legal para poner en marcha estos cambios, si bien es consciente de que en diciembre va a ser complicado.
El secretario de Organización de CC.OO., Fernando Lezcano, ha detallado que este preacuerdo debe certificarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha advertido que, de no culminarse, el Ejecutivo «tendrá problemas en el frente social y laboral» porque UGT y CC.OO. están dispuestos a recurrir a movilizaciones.
Desde el sindicato han explicado que, durante la reunión de la mesa de empleo y relaciones laborales celebrada el pasado martes también se acordó desvincular la existencia de las prestaciones del Programa de Activación para el Empleo (PAE) o del Prepara, para parados sin prestación, a una tasa de paro superior al 15%. Así, las personas que actualmente reciben esas ayudas seguirán percibiéndolas el próximo año, aunque el porcentaje de parados se sitúe por debajo de esa tasa.
Además, el preacuerdo entre sindicatos y Gobierno incluye la reforma «integral» del artículo 42 del Estatuto de Trabajadores para que se garantice el convenio de empresa o el sectorial a los servicios subcontratados y para que no se pueda utilizar el contrato de obra o servicio determinado para este tipo de contrataciones.
El sindicato ha recordado que el pasado lunes el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales acordaron crear un grupo de trabajo con vistas a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero CC.OO. considera más «urgente» modificar primero los aspectos centrales de la reforma laboral de 2012.
Source: ABC