Fomento asegura que los precios del alquiler son casi un 20% más bajos que en la época precrisis

Los alquileres empiezan a asustar. La mantenida escalada de precios registrada en determinadas ciudades está dificultando el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes. La sombra de una posible burbuja comienza a planear, más que sobre el mercado en su conjunto, sobre las grandes urbes. Tanto a nivel nacional como europeo.

El Ministerio de Fomento es consciente de esta situación, pero se resiste a hablar de burbuja. Es cierto que hace una semana, en un desayuno informativo, el ministro Íñigo de la Serna introdujo esta palabra, casi proscrita. Pero fue casi de puntillas. Y este lunes, además, ha reculado.

En su comparecencia en la Comisión de Fomento celebrada en el Congreso de los Diputados, el titular del departamento ha vuelto a su discurso original y ha negado que haya un crecimiento descontrolado en el mercado del alquiler. De hecho, ha destacado que los precios medios están un 18,9% por debajo de los registrados en 2007, preludio de la crisis inmobiliaria. De los 10,12 euros por metro cuadrado se ha pasado a los 8,21.

Eso, de media. Porque en ciudades como Madrid o Barcelona el precio es notablemente superior al registrado hace once años. En la primera alcanza ya los 15,79 euros por metro cuadrado, mientras que en la segunda se establece en 13,75 euros. Ambas cifras, además, crecieron con fuerza en 2016; un 4,2% en la capital y un 7,9% en la Ciudad Condal.

Las cifras son «una cuestión de sentido común en el mercado libre» para el ministro. Al igual que los expertos consultados, el titular de Fomento, considera que la escalada de precios se justifica, además de por otros factores como el apetito inversor, por la escasez de oferta en un mercado inundado por la demanda.

Más seguridad jurídica a los planes urbanísticos
Para fomentar el incremento de esta oferta, el ministro de Fomento ha anunciado que ultima un borrador de una ley con medidas para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico.

En la actualidad, la anulación de un plan territorial o urbanístico se declara sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que la han determinado y conlleva la nulidad «en cascada» de su planeamiento de desarrollo. También de todos sus actos de aplicación, incluyendo licencias de obras o instrumentos de gestión.

Por ello, la nueva ley del Gobierno estará enfocada a que las administraciones locales puedan modificar los aspectos de un plan que hayan sido tumbado por los tribunales para su posterior aplicación. «Mediante el uso de sus competencias, el Estado puede dar una respuesta completa y no provisional a este problema, para lo cual es necesario una reforma normativa como la que se plantea», ha apostillado el ministro de Fomento.
Source: ABC

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