Era cuestión de tiempo que el conflicto de los trabajadores de los filtros de seguridad de El Prat (Barcelona) se convirtiera en arma arrojadiza. Desde diversos ámbitos del espectro político catalán se ha comenzado a aprovechar el caos reinante durante algunos tramos del día en los controles de accesos del aeropuerto, que ayer vivió la tercera jornada de paros parciales convocada por los trabajadores de Eulen, para enarbolar una de las reivindicaciones históricas del nacionalismo catalán, la gestión de su principal aeropuerto, y de paso culpar al Estado y a AENA, empresa titular de la infraestructura, de las aglomeraciones.
La imagen más explícita y elocuente fue la protagonizada por unos veinticinco miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que acudieron a una de las terminales con banderas «esteladas» y panfletos propagandísticos, en los que exigían la independencia de Cataluña como antídoto contra las largas esperas en el aeropuerto barcelonés. Para la ANC, si el aeropuerto de El Prat estuviera gestionado exclusivamente por la Generalitat no habría colas en los controles de seguridad ni se producirían reivindicaciones laborales. Esta reivindicación política no se produce, sin embargo, en sectores que cuyo control sí lo ejerce la administración autonómica. Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, sostuvo que «ni al Estado ni a AENA les importa» la situación y que se limitan a mirar «desde lejos» el pulso laboral.
Los argumentos de la ANC y el Gobierno autonómico se concentraron en responsabilizar a AENA de la disputa laboral, sin referencia alguna al papel del Ejecutivo catalán, al que le corresponden las competencias en materia de mediación de conflictos laborales en su territorio. El secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Julio Gómez-Pomar, recordó -horas antes de que lo hiciera el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- que es la Administración catalana la que debe encargarse de acercar las posturas.
«Nosotros podemos estar pendientes, ayudar, estar presentes, pero, desde el punto de vista laboral, quien es competente como autoridad laboral para llevar a cabo una mediación es la Generalitat de Cataluña», explicó el número dos del Ministerio de Fomento en declaraciones a la cadena Cope.
La legislación española dota a las comunidades autónomas de organismos de conciliación laboral. De forma paralela, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ofrece también un servicio de mediación, siempre que los conflictos excedan las competencias de los órganos autonómicos.
Gómez-Pomar defendió que, desde el primer momento, AENA ha tratado de poner «todos los medios a su alcance» para lograr la resolución del conflicto. Y ello pese a que no es exigible la presencia de la compañía semipública, puesto que «no es parte de la relación entre los trabajadores y la empresa» Eulen, la concesionaria del servicio. «Yo creo que se puede hablar, que se puede negociar, que se puede intentar alcanzar acuerdos sin estar sometiendo a los ciudadanos a esta presión de colas, demoras y de pérdidas y perdidas de vuelos», remachó el secretario de Estado.
Infructuosas negociaciones
De hecho, es el departamento de Trabajo de la Generalitat el que acoge desde hace días las de momento infructuosas negociaciones entre empresa y sindicatos y el que determinó el pasado viernes programar la siguiente ronda de conversaciones para este martes, pese a que el fin de semana se preveía enormemente problemático, con la convocatoria oficial de paros durante el domingo y el lunes. El diálogo, sin embargo, se retomó el sábado, sin interrupciones, por petición de AENA.
«Si pierdes el tiempo y el avión en Barcelona es porque alguien de Madrid tiene que solucionarte el problema: España es el único país del mundo donde un ministerio gestiona 46 aeropuertos de manera centralizada», lamentaban los miembros de la ANC en los pasquines. Parecían obviar que solo entre los países vecinos, Noruega dispone de una red de otros 46 aeropuertos controlada al 100% por el Ministerio de Transportes del país, a través de la sociedad Avinor, mientras que otros estados del norte de Europa, como Suecia, han optado por un sistema mixto, en el que los diez mayores aeropuertos son gestionados por Swedavia, perteneciente al Gobierno sueco.
Al margen del ruido político de fondo y de las manifestaciones nacionalistas, la tercera jornada de huelga en el aeropuerto barcelonés transcurrió durante la mañana con colas de hasta una hora en algunos momentos de los paros previstos, combinados con cierta tranquilidad (colas de unos quince minutos, como en un día de agosto sin huelga) cuando los trabajadores de Eulen estaban a pleno rendimiento. Durante la tarde, la situación fue más tranquila. No están previstas nuevas movilizaciones hasta el próximo viernes, con el mismo formato que las anteriores (paros de 60 minutos a partir de las 5 30, 10.30, 16.30 y 18.30 horas). Las protestas se recrudecerán a partir del próximo 14 de agosto, cuando arrancará una huelga indefinida, si no se alcanza antes un acuerdo entre las partes.
El asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, rechazó toda forma de politización del conflicto y aseguró que «no entiende» la utilización que se está llevando a cabo del conflicto laboral por parte de algunos partidos políticos y sindicatos. En este sentido, Giménez lamentó que «se está liando mucho el tema», y reiteró que la huelga la hacen los 350 trabajadores que, en asamblea, decidieron tomar acciones para reclamar mejoras salariales y laborales.
Lo cierto es que la mesa negociadora, que se reunió a partir de las 11.00 horas, volvió a concluir sin un total acercamiento. Eulen no está dispuesta a pactar un alza salarial como la que exigen los trabajadores, de 350 euros en cada paga.
En la noche del pasado domingo, la compañía que preside María José Álvarez presentó una contraoferta con un complemento de 155 euros y, según fuentes próximas a las conversaciones, un 15% para los nuevos empleados, aquellos que disponen de retribuciones más bajas (cercanas as los 900 euros mensuales). Tampoco hubo visos de acuerdo en el incremento de la plantilla que los sindicatos consideran necesario para poner fin a las «extenuantes» jornadas de trabajo, que, según denuncian, duran en algunos casos hasta 16 horas. El comité de huelga exige un centenar de incorporaciones para afrontar la situación. Eulen, por su parte, está dispuesta a añadir algo más de una veintena. Juan Carlos Giménez, reconoció ayer encontrase a «medio camino» de un pacto. Un camino que ha comenzado a poblarse de guijarros de confrontación política.
Source: ABC