1.-La norma del Gobierno para blindar al taxi desata una guerra civil entre Uber y Cabify. Ni Cabify ni siquiera la patronal Unauto apoya a Uber en su particular lucha contra la normativa vigente, que establece que debe haber una proporción de una licencia de vehículos con conductor (VTC, con las que operan estas empresas) por cada treinta del taxi. Es más, la asociación que aglutina a las compañías del sector ha ido un paso más este lunes, acusando a la estadounidense de fomentar un mercado secundario de autorizaciones.
2.-Endesa pide la reforma de las tarifas eléctricas y reducir la presión fiscal. El presidente de Endesa, Borja Prado, ha dicho en la junta de accionisas que «es imprescindible contar con una hoja de ruta que señale la cuantía de las inversiones necesarias en los próximos años» en el sector. Y aunque es una cuestión «que compete al Congreso y al Gobierno, debe tomarse tras un proceso constructivo de negociación y consenso»
3.-España plantea un fondo de garantía de depósitos europeo tras un «periodo transitorio». El Gobierno español ha presentado una propuesta para profundizar en la zona euro basada en la creación de condiciones para la realización de la unión bancaria, que aparca el objetivo de los eurobonos y de construir un presupuesto europeo propio. A cambio, considera a la zona euro como una jurisdicción única a efectos de reglamentación financiera y lanza la idea de un mecanismo de inversiones estratégicas para actuar en caso de crisis, como alternativa a la acción financiera.
4.-Fomento asegura que los precios del alquiler son casi un 20% más bajos que en la época precrisis. Los alquileres empiezan a asustar. La mantenida escalada de precios registrada en determinadas ciudades está dificultando el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes. La sombra de una posible burbuja comienza a planear, más que sobre el mercado en su conjunto, sobre las grandes urbes. Tanto a nivel nacional como europeo.
5.-El independentismo catalán fragua un sindicato a su medida inspirado en LAB. El «procés» soberanista ha convulsionado el terreno político pero el sindical no se ha librado. La ambigüedad con la que las dos grandes centrales UGT y CC.OO. han abordado los acontecimientos políticos en Cataluña se ha saldado con una doble fuga de afiliados: unos hacia opciones de tipo constitucionalista, como es el caso del sindicato CSIF, y otros, por el motivo contrario, hacia una central de marcada tendencia radical como la minoritaria Intersindical-CSC que preside Carles Sastre, exmilitante de Terra Lluire y condenado por la Audiencia Nacional a 48 años de prisión por el asesinato de José María Bultó (1977). En Sastre han puesto sus esperanzas los movimientos independentistas con el objetivo último de dar forma a un sindicato propio al estilo de LAB en el País Vasco
Source: ABC