El Ejecutivo socialista ha dado luz verde a la que quiere que sea su hoja de ruta reformista. El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre una batería de 70 medidas destinadas a impulsar la formación, la transición ecológica, el desarrollo científico y tecnológico y un mercado laboral más justo, a reforzar el Estado del bienestar y avanzar hacia una Administración pública. Dentro de ese compendio de medidas, algunas de ellas ya aprobadas, otras en tramitación y el resto a abordar de aquí al final de la legislatura, hay alguna novedad importante, especialmente en el ámbito laboral y de la Seguridad Social. Por ejemplo, el Gobierno quiere introducir de forma gradual a partir de 2020 la llamada «mochila austriaca».
Este sistema consiste en una suerte de hucha de capitalización en la que la empersa hace aportaciones mensuales a sus empleados. Ese fondo acompaña al trabajador durante toda su vida laboral y la cantidad acumulada se mantiene aunque el empleado cambie de trabajo y puede ser usada por este en caso de despido o como complemento de la pensión. De esta forma, se fomenta la contratación al reducir el coste de indemnización por despido y también ayuda a completar las pensiones futuras. Los fondos son gestionados por firmas privadas para generar con ellos una rentabilidad, pero el Estado garantiza el 100% del capital aportado, que además se puede heredar.
Pues bien, la agenda reformista del Gobierno de Pedro Sánchez contempla la «implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del dondo correspondiente». Ese fondo, explica el Ejecutivo en su hoja de ruta, permitiría a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas en su mochila personal en los supuestos de despido improcedente, movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
«Esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles», dice el Gobierno, que fija el desarrollo progresivo de este sistema a partir de 2020. Además, y de aquí a ese año, el Ejecutivo se propone reducir el número de tipos de contratos laborles a solo tres fórmulas: indefinido, temporal estructural y formativo. La agenda contempla además impulsar los planes de pensiones privados en el ámbito de las empresas como complemento para la jubilación, de forma acordada entre empresarios y trabajadores, según especifica el documento.
Plan a largo plazo
Todas esas medidas, que involucran a varios ministerios, serán desarrolladas en todo caso a lo largo de los próximos meses y del resto de la legislatura, según ha detallado la ministra de Economía, Nadia Calviño, en rueda de prensa. Ahora bien, la difícil situación del Ejecutivo socialista, que además no tiene garantizada la aprobación de sus Presupuestos para 2019, complican el cumplimiento de esa agenda.
«Esta agenda ha vertebrado la acción de este Gobierno desde el primer día y la vertebrará en el resto de la legislatura», ha explicado la ministra, que ha valorado esas medidas puestas sobre el papel —la mayoría aún no en práctica— como «una hoja de ruto a medio y largo plazo». «El necesario poner las luces largas y sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo», ha añadido, señalando que a pesar de la conyuntura económica positiva del país y el crecimiento de los últimos años, todavía quedan desequilibrios por corregir, como el paro y el nivel de deuda pública, y ese crecimiento no se ha permitido corregir las desigualdades.
La única de las medidas de ese paquete que hoy ha sido efectivamente aprobada es un decreto ley de medidas urgentes en Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, presentada por el ministro Pedro Duque y que tiene como finalidad reducir la burocracia y agilizar los trámites para la contratación de personal en los centros de investigación y las universidades españolas, evitar los retrasos en las convocatorias y mejorar la igualdad. «Había una alta carga administrativa que hacía muy difícil desarrollar proyectos científicos, y que incluso los hacía imposibles», ha justificado Duque, quien ha confiado en que esto impulsará el sistema de I+D+i ay a las universidades.
1.735 empleos públicos para el Brexit
El Gobierno, por otro lado, ha elevado el número de funcionarios y trabajadores de empresas públicas para preparar a la Administración y el sector públicos de cara al incremento de trámites que pueda acarrear el Brexit, sobre todo si e produce sin acuerdo. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una oferta de empleo público mediante la cual reforzará con 1.735 personas los servicios afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como los controles fronterizos y aduaneros, la inspección sanitaria, la actividad de representación de España en ese país y de promoción del sector exterior y el gestor aeroportuario.
De esos nuevos 1.735 efectivos, 875 corresponden a empleados públicos o puestos de trabajo de la Administración General del Estado y 860 a puestos en empresas públicas, principalmente AENA y Puertos del Estado. El Ministerio de Hacienda, con 462 nuevos empleados, será el departamento más reforzado, por delante de Política Territorial y Función Pública (135), Fomento (62), Interior (59), Industria, Comercio y Turismo (51), Agricultura y Pesca (30), Asuntos Exteriores y de Cooperación (26), Sanidad, Consumo y Bienestar Social (18), Educación, Cultura y Deporte (18), Transición Ecológica (6), Economía (5) y Justicia (3).
Las áreas de especial atención de esta oferta de empleo serán el control fronterizo de personas, el control aduanero y los servicios de inspección sanitaria exterior, tanto para la importación como para la exportación de mercancías. Otros sectores afectados son el control de la seguridad en el transporte de viajeros, las oficinas de extranjería y la atención a los ciudadanos británicos, así como las actividades de promoción de la internacionalización de las empresas españolas o la actividad de la representación de España en el Reino Unido.
Source: ABC