La intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro, que dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público y concluirá el 31 de este mes, no resolvió «los problemas estructurales» de la región en esa área, según un informe de una ONG divulgado hoy.
El estudio señala que en los casi diez meses de intervención, decretada por el Gobierno, las autoridades reafirmaron «la estrategia de enfrentamientos armados, gastos concentrados en grandes operaciones y la ausencia de una reforma estructural de la política de seguridad».
De acuerdo con datos del Instituto de Seguridad Pública de Río, recogidos en el informe, el número de tiroteos creció un 56 % en los últimos diez meses, las muertes por acciones policiales aumentaron un 40 % y los homicidios «apenas» se redujeron un 5,5 %.
Asimismo, destaca que durante la intervención, que concluirá el próximo 31 de diciembre, han muerto 103 agentes de seguridad.
El balance fue elaborado por el Observatorio de la Intervención del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes, formado por un grupo de especialistas independientes.
«La intervención federal, comandada por las Fuerzas Armadas, no resolvió los problemas estructurales de Seguridad Pública de Río» y «algunos se agravaron», dice el texto.
Por otro lado, los robos callejeros subieron un 3,9 %, mientras que los de carga disminuyeron un 14,4 % entre febrero y diciembre frente al mismo periodo de 2017.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien será investido el 1 de enero, ya anunció que no prorrogará la intervención federal en Río.
El estado de Río de Janeiro afronta una grave crisis de seguridad que se desató tras los Juegos Olímpicos de 2016 y que alcanzó su máximo pico en este 2018.
Ante el aumento de la violencia, el actual mandatario brasileño, Michel Temer, decretó el pasado 16 de febrero una intervención federal en el área de seguridad de Río, que cedió el control del orden público a las Fuerzas Armadas.
EFE / RA
Source: Informe21